11 El juicio popular de la verdad

Cargo 1. La ley humana, primera fuente

La presunción: «Que la ley escrita por el Estado es la primera fuente del derecho».

La vara.

• La ley de Dios: «Es menester obedecer á Dios antes que á los hombres» (Hch 5:29)^◦prueba ✔.
• Las tradiciones: el orden de las leyes que guardaron pone primero la ley de Dios, después la ley natural, después la costumbre y por último la ley escrita (1.2).
• Su propia ley: «Las fuentes del ordenamiento jurídico español son la ley, la costumbre y los principios generales del derecho» (Código Civil, art. 1.1)^◦prueba ✔. La costumbre «sólo regirá en defecto de ley aplicable» (art. 1.3)^◦prueba ✔, y los principios generales, que es por donde entra la ley natural, «se aplicarán en defecto de ley o costumbre» (art. 1.4)^◦prueba ✔. El orden de las tradiciones queda del revés: lo humano arriba, lo natural al final.

Dónde está probado: el orden de las leyes (1.2), la costumbre y sus tribunales (1.5), quién puso la ley escrita por encima (1.7) y la presunción misma (5.2).

La pregunta: ¿por qué el Código Civil coloca la ley humana como primera fuente del derecho y los principios generales del derecho en el último lugar?

Los contrapuntos de la obra:

1. Con su propia ley. La Constitución reconoce derechos «inherentes» a la persona (Constitución, art. 10.1)^◦, es decir, anteriores a ella; aun así, el Código Civil pone los principios por los que entran en el último lugar. Contra la costumbre injusta ya hay un filtro escrito: solo vale si no es «contraria a la moral o al orden público» y si «resulte probada» (Código Civil, art. 1.3)^◦. Y reconocer no es crear: los tribunales de la costumbre existían antes que la ley que los nombra, y la lista ha crecido (1.5).
2. Nadie es juez en su propia causa. El propio Estado se lo exige a sus jueces, que deben apartarse por «tener interés directo o indirecto en el pleito o causa» (Ley Orgánica del Poder Judicial, art. 219.10.ª)^◦prueba ✔, y a sus autoridades, por «tener interés personal en el asunto» (Ley 40/2015, art. 23.2.a)^◦prueba ✔. No se lo exige a quien hace las leyes: en 7 de los 8 casos examinados, quien puso la ley escrita por encima de la costumbre era quien tenía el poder de legislar (1.7). Y el Código de 1889 se blindó a sí mismo: «no prevalecerá contra su observancia el desuso, ni la costumbre o la práctica en contrario» (art. 5; 1.7), cuando antes una ley podía quedar abolida «por el consentimiento tácito de todos, mediante el desuso» (Digesto 1.3.32; 1.5).
3. La seguridad no protege por igual. Cuando el Constitucional anuló la amnistía fiscal de 2012 y el cálculo de la plusvalía municipal, lo hizo solo hacia delante: las liquidaciones ya firmes no se revisaron (5.1, n.º 9).
4. La costumbre no es cosa del pasado. En España, el Fuero Nuevo de Navarra pone la costumbre por delante de la ley escrita (1.1). Fuera, el xeer, el derecho consuetudinario oral de los somalíes, sigue en uso: la UNESCO inscribió en 2024 el de las comunidades issa de Etiopía, Yibuti y Somalia. Y el Tribunal Supremo de Nueva Zelanda declaró en 2022 que el tikanga, el orden de costumbre maorí, ha sido y seguirá siendo reconocido en el desarrollo de su derecho (F.7).

Dónde aguanta: una sociedad grande necesita ley escrita, y la codificación trajo la igualdad ante la ley. La obra no propone abolirla, sino respetar el orden de las fuentes. Y un patrón no prueba una intención: que quien legisla se pusiera arriba es un hecho; por qué lo hizo, no. En Nueva Zelanda, además, quien reconoce el tikanga es un tribunal del Estado, como dice su defensa: la costumbre tiene su lugar porque el Estado se lo da. Lo que el ejemplo muestra es que la costumbre sigue viva en un Estado moderno, no que esté por encima de su ley.

Límite honesto: la ley natural no está fuera del todo: el art. 1.4 la deja entrar, al final y con valor informador. Lo que la obra mide es el orden, no la ausencia.

La última palabra: ante la ley de Dios, la verdad ya ha sido expuesta. Ante la ley natural, la verdad ya ha sido expuesta. Ante la costumbre, la verdad ya ha sido expuesta. Ahora, con tus propias reglas y con las normas con que te construiste, tienes la palabra: tienes la oportunidad de defenderte en verdad.

Respuesta de la institución: pendiente; se registrará la respuesta o el silencio.

[37.00-2.1 a 2.7, con Hch 5:29 en la Reina-Valera Antigua; 00.2-3.1 a 3.4, sin las 259 normas de 2024: sin fila en el registro; 02.00-24.1 y 24.2; 02.00-25.1, la Ley 60/2003 de Arbitraje, leída el 7-oct en el BOE; 07.00-24.1 y 24.2; el xeer y el tikanga, en el contrapunto 4, con su remisión a F.7 (añadidos el 7-oct, con el sí de Kiko); el Althing, no: hoy es un parlamento que escribe leyes, y que «sigue funcionando» no tiene fuente leída; 11.00-14.6 a 14.9; 12.00-6.6 y 6.7; 19.00-35.18 y 35.19. La Ley Orgánica del Poder Judicial, art. 219, y la Ley 40/2015, art. 23, leídas hoy en local]

Cargo 2. Nada por encima de la Constitución

La presunción: «Que no hay ley superior a la que el Estado se dio a sí mismo».

La vara.

• La ley de Dios: «Pagad pues á César lo que es de César, y á Dios lo que es de Dios» (Mt 22:21)^◦prueba ✔. Hay cosas que no son del César (5.2).
• Las tradiciones: el rey que no protege a sus súbditos «es un rey muerto y no vivo» (Leyes de Manu; 3.2); el jefe que no tiene en mente el bienestar del pueblo es amonestado y, si persiste, despojado de su título (Gran Ley de la Paz iroquesa; 3.2; su fecha se discute y su texto escrito es reciente, de 1916).
• Su propia ley: ciudadanos y poderes públicos «están sujetos a la Constitución» (Constitución, art. 9.1)^◦prueba ✔, y «Carecerán de validez las disposiciones que contradigan otra de rango superior» (Código Civil, art. 1.2)^◦prueba ✔: la jerarquía termina en la Constitución. «Ninguna confesión tendrá carácter estatal» (Constitución, art. 16.3)^◦prueba ✔: protege la libertad de creencias, y también deja fuera del ordenamiento cualquier ley de Dios. Matiz: la propia Constitución reconoce derechos «inviolables» e «inherentes» a la persona (art. 10.1), anteriores a ella, pero los somete a su propia interpretación.

Dónde está probado: la presunción (5.2) y la auditoría de la Constitución (capítulo 7).

La pregunta: ¿qué reconoce el ordenamiento por encima de la Constitución, si ella misma admite derechos «inherentes» a la persona (art. 10.1)?

Los contrapuntos de la obra:

1. Con su propia ley. Quien interpreta la Constitución es el propio sistema, y cuando el freno de otro poder actúa, corrige al poder en el 26,32 % de los casos y protege al ciudadano en el 4,65 % (7.4). El Constitucional admitió en 2025 59 de 9.089 recursos de amparo (5.1, n.º 19).
2. La sujeción no es igual para todos. La institución queda fuera del Código Penal y del concurso (11.2, n.º 17); 17.603 cargos de las instituciones del Estado y de las comunidades autónomas están aforados (8.5); y los representantes fijan su propia asignación (7.2).
3. Ya hay algo por encima, y lo dice el propio Constitucional. Desde la entrada en la Unión Europea, el derecho de la Unión se aplica con preferencia a la ley española: el Tribunal habla de «la primacía del Derecho comunitario como técnica o principio normativo destinado a asegurar su efectividad» (STC 145/2012, de 2 de julio)^◦prueba ✔. Es primacía de aplicación, no un escalón por encima de la Constitución; pero muestra que la Constitución no es el último techo.
4. La Declaración que la Constitución invoca pide lo contrario de la presunción: «Nada en esta Declaración podrá interpretarse en el sentido de que confiere derecho alguno al Estado, a un grupo o a una persona, para emprender y desarrollar actividades o realizar actos tendientes a la supresión de cualquiera de los derechos y libertades proclamados en esta Declaración» (Declaración Universal de Derechos Humanos, art. 30)^◦prueba ✔.
5. La Corona. El mismo Consejo de Estado aconsejó en 2006 reformar la preferencia del varón, por «el progresivo deterioro» que ha sufrido «en la conciencia social todo tipo de postergación femenina». No se ha reformado (7.3). Y al ratificar en 1983 la Convención sobre la mujer, España hizo esta reserva: «La ratificación de la Convención por España no efectará a las disposiciones constitucionales en materia de sucesión a la Corona española» (reserva de España de 16-XII-1983, BOE núm. 69, de 21-III-1984)^◦prueba ✔.

Dónde aguanta: la Constitución sí reconoce lo inherente y se interpreta con la Declaración Universal; la mayoría de los aforados son policías; y el Consejo de Estado no vio defecto jurídico en la sucesión a la Corona.

Límite honesto: la obra no puede probar que exista una ley superior que el ordenamiento deba aplicar; puede probar que la propia Constitución reconoce algo anterior a ella y que no lo deja interpretar a nadie más que a sí misma.

La última palabra: ante la ley de Dios, la verdad ya ha sido expuesta. Ante la ley natural, la verdad ya ha sido expuesta. Ante la costumbre, la verdad ya ha sido expuesta. Ahora, con tus propias reglas y con las normas con que te construiste, tienes la palabra: tienes la oportunidad de defenderte en verdad.

Respuesta de la institución: pendiente; se registrará la respuesta o el silencio.

[37.00-3.1 a 3.8, con Mt 22:21 en la Reina-Valera Antigua; 00.2-3.5 a 3.8, con la reserva de 1983 a la Convención sobre la mujer (17.00-244.3), leída en el BOE; sin que la revisión total «nunca se ha activado»: sin fila en el registro; 03.00-34.10 y 34.11, el art. 31 quinquies con sus palabras; 11.00-10.1 y 10.2; 12.00-6.2 y 6.3; 16.00-13.14 y 13.15; 20.00-35.22 y 35.23. La Declaración Universal, art. 30, leída hoy en local]

Cargo 3. La soberanía del pueblo

La presunción: «Que todos los poderes del Estado emanan del pueblo y que el pueblo los consintió».

La vara.

• La ley de Dios: antes de darle rey, Dios hizo advertir al pueblo lo que ese rey le tomaría: «El diezmará vuestras simientes y vuestras viñas, para dar á sus eunucos y á sus siervos […] Y clamaréis aquel día á causa de vuestro rey que os habréis elegido» (1 Sam 8:15 y 18)^◦prueba ✔.
• Las tradiciones: para Mencio, el pueblo es lo más valioso; el gobernante, lo de menos (3.2).
• Su propia ley: «La soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado» (Constitución, art. 1.2)^◦prueba ✔. La Constitución se ratificó en referéndum en 1978; quienes no tenían edad de votar entonces, y todos los nacidos después, nunca la votaron, y para retirar ese consentimiento no hay otra vía que la reforma (5.2).

Dónde está probado: la presunción (5.2) y el contrato que nadie firmó (6.1).

La pregunta: ¿cuál es el hecho de partida de la presunción de que el pueblo consintió, y consta para quien nunca votó la Constitución? ¿Cómo consienten la Constitución quienes no pudieron votarla en 1978, y qué vía tienen para retirar su consentimiento?

Los contrapuntos de la obra:

1. Con su propia ley. El mismo artículo cierra la puerta en lo que más importa: «No procederá dicha iniciativa en materias propias de ley orgánica, tributarias o de carácter internacional, ni en lo relativo a la prerrogativa de gracia» (Constitución, art. 87.3)^◦prueba ✔. La ley electoral es orgánica: ningún ciudadano puede proponer cambiar cómo se elige a sus representantes, ni nada sobre impuestos.
2. La reforma tiene dos velocidades. La que convenía al poder, la del art. 135, que da prioridad absoluta a la deuda, se aprobó por lectura única y sin referéndum (8.1). La revisión total exige dos tercios de cada Cámara, disolverlas, que las nuevas la ratifiquen por dos tercios y un referéndum (5.2), y un estudio sobre la reforma de la Corona, que pasa por ese procedimiento, lo describe «a modo de “cláusula de intangibilidad” encubierta» (Oliver Araujo, «La reforma constitucional de la Corona», Revista de Derecho Político, n.º 77, 2010, resumen)^◦prueba ✔.
3. Los frenos, repartidos. El órgano de gobierno de los jueces estuvo cinco años y medio sin renovarse (7.4).

Dónde aguanta: hubo un referéndum, la reforma está prevista y se vota en cada elección. La obra no dice que la Constitución sea ilegítima: dice que el consentimiento de quien no la votó se presume.

Límite honesto: nadie puede saber qué votaría hoy el pueblo. La obra prueba que el consentimiento de quien no votó se presume y que retirarlo es casi imposible; no prueba que se negaría.

La última palabra: ante la ley de Dios, la verdad ya ha sido expuesta. Ante la ley natural, la verdad ya ha sido expuesta. Ante la costumbre, la verdad ya ha sido expuesta. Ahora, con tus propias reglas y con las normas con que te construiste, tienes la palabra: tienes la oportunidad de defenderte en verdad.

Respuesta de la institución: pendiente; se registrará la respuesta o el silencio.

[37.00-4.1 a 4.8, con 1 Sam 8:15 en la Reina-Valera Antigua; 00.2-6.1 a 6.4, sin «autobloqueo», sin que la revisión total «nunca se ha activado» y sin los «cuarenta y ocho años»: sin fila en el registro; 12.00-6.4 y 6.5, la conquista con la Carta de las Naciones Unidas de 6.2, sin el art. 11 de Montevideo; 13.00-13.12 y 13.13, sin los «quince días» de la Mesa: sin fuente leída. La Constitución, art. 87.3, leída hoy en local]

Cargo 4. El ahorro

La presunción: «Que lo guardado se conserva».

La vara.

• La ley de Dios: «No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompe» (Mt 6:19)^◦prueba ✔. La enseñanza es espiritual, pero describe el mecanismo (5.2).
• Las tradiciones: Mencio acusaba a los gobernantes de que «roban al pueblo su tiempo, de modo que no puede arar para alimentar a sus padres» (3.2). El ahorro es tiempo de vida guardado.
• Su propia ley: la palabra «ahorro» no aparece en la Constitución. Sí aparecen las pensiones: los poderes públicos las garantizarán «adecuadas y periódicamente actualizadas» (Constitución, art. 50)^◦prueba ✔. El dinero guardado pierde valor sin que nadie lo vote (8.3).

Dónde está probado: la moneda y su pérdida de valor (8.1 y 8.3), la vivienda (8.8) y lo que se da por supuesto (5.1).

La pregunta: ¿qué norma protege el valor del ahorro de quien guardó por su cuenta, si la Constitución sí obliga a actualizar las pensiones?

Los contrapuntos de la obra:

1. Con su propia ley. La garantía protege frente a la quiebra de un banco, no frente a la pérdida de valor: los precios subieron un 28,0 % entre 2015 y 2025 (5.1). La Constitución obliga a actualizar las pensiones y no nombra el ahorro: protege lo que el Estado administra, no lo que el ciudadano guarda.
2. Lo que compra el sueldo. El salario medio compra hoy lo mismo que en 2008: subió un 35,0 %, y los precios, un 35,1 %. Y 100 euros guardados el 1 de enero de 1971 compran hoy lo que entonces 3,90 (8.3).
3. Quién gana. La pérdida de valor favorece al que debe: entre 2021 y 2025 rebajó la deuda pública, en términos reales, en 306.760 millones de euros, mientras se pagaban 172.603 millones en intereses (5.1; 8.3).
4. El ahorro de toda una vida. Una vivienda cuesta 8,36 años de la renta bruta de un hogar mediano, el dato más alto desde 2011; es renta antes de impuestos y cotizaciones, no el esfuerzo real (8.8). Con lo que de verdad se puede guardar, la cuenta es otra: con el salario medio y ahorrando lo que ahorran de media los hogares, una persona sola tardaría unos 25 años en reunir la entrada y los gastos de compra, y más de 80 en reunir el precio entero; incluso gastando solo lo que gasta de media una persona, unos 7 años para la entrada y unos 25 para todo. Una pareja con dos sueldos tarda más o menos la mitad (aritmética de la obra, 8.8). {completo} Un sindicato, que es parte interesada, calculó 58 años para un trabajador de la hostelería de Madrid con el salario medio de su convenio (8.8).

Dónde aguanta: los depósitos están garantizados frente a la quiebra de un banco, y el salario mínimo ha ganado poder de compra desde 1970.

Límite honesto: la pérdida de valor no la vota nadie, pero tampoco es un impuesto escrito. La obra la mide; no prueba que se busque (11.2, n.º 15).

La última palabra: ante la ley de Dios, la verdad ya ha sido expuesta. Ante la ley natural, la verdad ya ha sido expuesta. Ante la costumbre, la verdad ya ha sido expuesta. Ahora, con tus propias reglas y con las normas con que te construiste, tienes la palabra: tienes la oportunidad de defenderte en verdad.

Respuesta de la institución: pendiente; se registrará la respuesta o el silencio.

[37.00-5.1 a 5.8, con Mt 6:19 en la Reina-Valera Antigua; 00.2-15.13 a 15.16, la vivienda con el dato de junio de 2026 (8.8) en lugar de los 7,7 años de 2025; 34.00-13.8 y 13.9; la aritmética del ahorro, de 27.00-1.2 por 8.8, añadida a petición de Kiko (6-oct, noche: «ese dato no se puede perder»). Que «ahorro» no aparece en la Constitución, comprobado hoy en el texto local]

Cargo 5. El Estado no quiebra

La presunción: «Que el Estado siempre podrá pagar».

La vara.

• La ley de Dios: «Da cuenta de tu mayordomía, porque ya no podrás más ser mayordomo» (Lc 16:2)^◦prueba ✔. La ley de Dios pide cuentas al administrador, y lo aparta si no las da (5.2).
• Su propia ley: «Las entidades que integran la organización territorial del Estado, los organismos públicos y demás entes de derecho público no podrán ser declarados en concurso» (texto refundido de la Ley Concursal, art. 1.3)^◦prueba ✔. La ley que el Estado escribe lo excluye de la quiebra que aplica a todos los demás (5.1, n.º 7).

Dónde está probado: la quiebra camuflada (9.1).

La pregunta: si el Estado no puede ser declarado en concurso, ¿qué mecanismo protege a quien le presta o cotiza cuando no puede pagar?

Los contrapuntos de la obra:

1. Con la vara que aplica a los demás. A una empresa en su situación se le aplicaría la causa de disolución: las administraciones gastaron más de lo que ingresaron en 28 de los 31 años de 1995 a 2025, y la Seguridad Social tiene patrimonio neto negativo desde 2017 (9.1).
2. Con su propia ley. La misma ley que lo excluye del concurso le evita rendir cuentas como un deudor.
3. Con su propio examinador. El Tribunal de Cuentas advirtió que la Seguridad Social tiene un patrimonio neto negativo de 106.138,7 millones y que el resultado presupuestario consolidado está «sobrevalorado» en 4.090,3 millones (7.2). Publicarlo no es corregirlo.

Dónde aguanta: un Estado no es una empresa, y liquidarlo dañaría a los ciudadanos. Esa defensa, con la deuda de pensiones que no vence hoy, se oye entera frente al dictamen (11.4).

Límite honesto: mientras recaude, el Estado puede pagar en euros. La obra no anuncia un impago: dice que la ley lo pone fuera de la regla que aplica a todos.

La última palabra: ante la ley de Dios, la verdad ya ha sido expuesta. Ante la ley natural, la verdad ya ha sido expuesta. Ante la costumbre, la verdad ya ha sido expuesta. Ahora, con tus propias reglas y con las normas con que te construiste, tienes la palabra: tienes la oportunidad de defenderte en verdad.

Respuesta de la institución: pendiente; se registrará la respuesta o el silencio.

[37.00-6.1 a 6.7; 00.1-2.26 a 2.29; 00.2-18.5 a 18.8; 15.00-17.22 y 17.23, sin «ninguno de los grandes casos de corrupción surgió de sus fiscalizaciones»: sin fila en el registro]

Cargo 6. La representación

La presunción: «Que el representante obedece a quien le vota».

La vara.

• La ley de Dios: «Sabéis que los príncipes de los Gentiles se enseñorean sobre ellos […] Mas entre vosotros no será así; sino el que quisiere entre vosotros hacerse grande, será vuestro servidor» (Mt 20:25-26)^◦prueba ✔.
• Las tradiciones: el jefe iroqués que no tiene en mente el bienestar del pueblo es amonestado y, si persiste, despojado de su título (3.2).
• Su propia ley: «Los miembros de las Cortes Generales no estarán ligados por mandato imperativo» (Constitución, art. 67.2)^◦prueba ✔. Se vota una lista cerrada, y la ley de partidos solo pide que su estructura y su funcionamiento sean democráticos (5.1, n.º 18).

Dónde está probado: lo que se da por supuesto (5.1, n.º 17 y 18), cómo se llega al poder (6.4), la asignación (7.2), la financiación de los partidos (7.3) y los cargos políticos (8.5 y 8.6).

La pregunta: ¿qué mecanismo tiene un elector para pedir cuentas a su diputado durante la legislatura?

Los contrapuntos de la obra:

1. Con su propia ley. Con lista cerrada, el elector no elige a la persona; y durante el mandato no la puede apartar: el diputado solo pierde el escaño por las causas tasadas (8.5).
2. La voluntad general no es la de la mayoría. Rousseau, que puso el nombre, lo advirtió: «Hay a menudo mucha diferencia entre la voluntad de todos y la voluntad general: esta solo mira al interés común; la otra mira al interés privado» (6.1).
3. El sueldo, fijado por quien lo cobra. Los representantes fijan su propia asignación (art. 71.4): 3.366,99 euros al mes en 2026, más una indemnización exenta de IRPF de 2.162,85 euros al mes para los diputados de fuera de Madrid (Congreso de los Diputados, retribuciones de 2026)^◦. El Reino Unido sacó esa decisión de manos de los diputados en 2009, con un organismo independiente (7.2); España no. El Presidente del Gobierno cobra 96.921,84 euros al año; el salario medio en el sector privado es de 22.962 euros (8.6), y la mediana de la ganancia bruta anual por trabajador, de 24.497,17 (INE, Encuesta Anual de Estructura Salarial, 2024)^◦: el Presidente cobra 3,96 veces la mediana, y la media de los altos cargos, 92.294 euros, 3,77: casi cuatro veces en los dos casos (C.1; cálculo de la obra).
4. Las correcciones llegaron tarde. Hasta que se suprimió el voto rogado, en 2022, en las elecciones generales de 2011 a 2019 lo pidieron «menos del 10 por ciento» de los electores de fuera (salvo en noviembre de 2019, el 10,61 %), cuando antes votaban entre el 22,99 % y el 31,88 % (7.3). Las recomendaciones sobre la financiación son de 2009; en 2011 no se había cumplido del todo ninguna (7.3).
5. Las puertas de entrada. Un partido que ya tiene representación no necesita avales; uno nuevo, el 0,1 % de los electores de cada circunscripción; una agrupación de electores sin partido, el 1 %. Para toda España, unas 37.500 y unas 375.000 firmas; y las subvenciones van a quien ya tiene escaños (6.4).
6. Lo que cuesta mandar. Los 959 asesores eventuales de los ministerios son un mínimo (8.6), y la publicidad institucional pasó de 25,9 millones de euros en 2019 a 88,1 millones en 2025 (8.5). La Jefatura del Estado cuesta unos 105 millones de euros al año, según un informe académico con datos de 2021 (nivel B; C.2), y el Portal de la Transparencia publica 161 puestos de personal civil de la Casa del Rey a 1-X-2026 (C.2).

Dónde aguanta: el mandato no imperativo tiene una razón real, la de representar a todos y no a un grupo; la autofijación está autorizada por la propia Constitución; y las correcciones son reales. La objeción a los avales ya se oyó en 2.4.

Límite honesto: las elecciones son libres y periódicas, y el elector puede cambiar su voto. La obra no prueba que los representantes desobedezcan a sus votantes: prueba que, entre una elección y otra, el votante no tiene ningún medio para pedirles cuentas.

La última palabra: ante la ley de Dios, la verdad ya ha sido expuesta. Ante la ley natural, la verdad ya ha sido expuesta. Ante la costumbre, la verdad ya ha sido expuesta. Ahora, con tus propias reglas y con las normas con que te construiste, tienes la palabra: tienes la oportunidad de defenderte en verdad.

Respuesta de la institución: pendiente; se registrará la respuesta o el silencio.

[37.00-8.1 a 8.8, con Mt 20:25-26 en la Reina-Valera Antigua; 00.1-4.18 a 4.25; 00.2-6.9 a 6.12; 10.00-18.8 y 18.9, sin la frase de Rousseau leída como justificación del Terror: sin fila en el registro; 13.00-13.4 y 13.5, sin las sanciones del Tribunal de Cuentas desde 2012 ni la graduación de 2015: sin fila; 13.00-13.8 y 13.9; 13.00-13.14 y 13.15, con los 105 millones de la Jefatura del Estado y la plantilla civil de la Casa del Rey, leídos el 7-oct (C.2); 15.00-17.2 y 17.3; 16.00-13.8 y 13.9; 19.00-35.14 y 35.15, sin «las tres reformas, sin referéndum»: sin fila; 20.00-35.10 y 35.11, con el salario mediano y «casi cuatro veces», leídos el 7-oct (INE). La indemnización, del índice del lote c8b; la Constitución, arts. 6 y 50, leída hoy en local]

Cargo 7. Lo legal es lo justo

La presunción: «Que lo que dice la ley es justo por el hecho de ser ley».

La vara.

• La ley de Dios: ¡ay de los que «establecen leyes injustas, y determinando prescriben tiranía»! (Is 10:1-2; 1.1)^◦; y a los que cumplían la letra: «dejasteis lo que es lo más grave de la ley, es á saber, el juicio y la misericordia y la fe» (Mt 23:23)^◦prueba ✔.
• Las tradiciones: la ley humana que se aparta de la ley natural ya no será ley, sino corrupción de la ley: lex iniusta non est lex, la ley injusta no es ley (Tomás de Aquino; 1.6).
• Su propia ley o el dato: normas cobradas durante años resultaron contrarias a la Constitución. La amnistía fiscal de 2012 y el cálculo de la plusvalía municipal se anularon con efectos solo hacia delante: lo firme no se revisó (5.1, n.º 9). Un artículo sancionador se aplicó cuarenta y cuatro años sin la ley que exige el art. 25.1 de la Constitución (5.1).

Dónde está probado: lo que se da por supuesto (5.1 y 5.2), la corrupción de la forma (7.5) y el cobro blindado (7.6).

La pregunta: ¿por qué no se devuelve lo cobrado con normas que el Constitucional ha declarado contrarias a la Constitución?

Los contrapuntos de la obra:

1. Con su propia ley. El Constitucional fijó que es confiscatorio que la cuota supere el «incremento patrimonial realmente obtenido por el contribuyente» (STC 126/2019; 7.6), y aun así lo cobrado y firme no se devolvió (5.1, n.º 9). La presunción de validez juega a favor del Estado mientras cobra, y la seguridad jurídica, cuando tiene que devolver. Y quien pagó sin recurrir, confiando en que la ley era válida, no recupera lo pagado: la devolución quedó para quien ya había recurrido.
2. La corrección llega tarde y hacia delante. La Zona de Bajas Emisiones se anuló por la «patente insuficiencia del informe de impacto económico», y se restauró solo hacia el futuro (7.5). El confinamiento de 2020 se declaró inconstitucional cuando ya se había aplicado, y la sentencia no da por sí misma derecho a indemnización (STC 148/2021; 8.5).
3. De las condiciones de Aquino, la que se mide es el bien común, y ahí el incumplimiento recae en el 62,1 % de los artículos que lo prometen (7.4).
4. Lo legal de ayer. La esclavitud fue legal, y el propio poder lo reconoció al abolirla: en las colonias duró hasta 1873 en Puerto Rico y hasta 1886 en Cuba (2.2; 3.1), y el Reino Unido compensó a los propietarios, no a las víctimas (3.1). Si lo legal de entonces no era justo, lo legal de hoy tampoco prueba por sí solo que lo sea; por eso la obra audita la Constitución artículo por artículo (capítulo 7).
5. La vara, para arriba y para abajo. Ningún tribunal ha examinado nada anterior al 19 de junio de 2014 sobre el anterior Jefe del Estado (7.2). Al ciudadano, en cambio, «La ignorancia de las leyes no excusa de su cumplimiento» (Código Civil, art. 6.1)^◦prueba ✔. Y Núremberg lo dejó escrito: los crímenes contra el derecho internacional los cometen hombres, «no entidades abstractas» (9.1).
6. Cobros que suben sin ley. La escala del IRPF sin actualizar recaudó unos 11.000 millones de más solo en 2023, según el Banco de España (5.1), y la pérdida de valor del dinero no la vota nadie (cargo 4).

Dónde aguanta: los tributos sí necesitan ley, el Constitucional sí anula normas, la esclavitud la abolió el Estado con sus leyes, y la inviolabilidad está escrita en la Constitución. Nada de eso es ilegal: por eso el cargo no es de ilegalidad, sino de que lo legal se presenta como justo.

Límite honesto: la obra no dice que toda ley sea injusta: la auditoría registra que se cumplen 93 de los 169 artículos (7.1). {completo} Lo de la expropiación de 2026 en favor de una empresa con monopolio solo se conoce por una fuente secundaria (7.5).

La última palabra: ante la ley de Dios, la verdad ya ha sido expuesta. Ante la ley natural, la verdad ya ha sido expuesta. Ante la costumbre, la verdad ya ha sido expuesta. Ahora, con tus propias reglas y con las normas con que te construiste, tienes la palabra: tienes la oportunidad de defenderte en verdad.

Respuesta de la institución: pendiente; se registrará la respuesta o el silencio.

[37.00-10.1 a 10.7, con Is 10:1-2 y Mt 23:23 en la Reina-Valera Antigua; 00.1-2.34 a 2.37; 00.2-3.9 a 3.12; 07.00-25.1 y 25.2, sin la abolición en la Península en 1837, fecha que no aparece en la Gaceta (3.1); 11.00-14.2 y 14.3, sin los 40 decretos-leyes, que van al cargo 12; 15.00-17.12 y 17.13; 15.00-17.20 y 17.21; 19.00-35.6 y 35.7; 19.00-35.16 y 35.17; 23.00-6.4 y 6.5]

Cargo 8. Todos conocen todas las leyes

La presunción: «Que cada persona conoce el ordenamiento entero».

La vara.

• La ley de Dios: «¡Ay de vosotros también, doctores de la ley! que cargáis á los hombres con cargas que no pueden llevar; mas vosotros ni aun con un dedo tocáis las cargas» (Lc 11:46)^◦prueba ✔.
• Las tradiciones: «cuantas más prohibiciones, más pobre el pueblo; cuanto más se exhiben las leyes, más ladrones hay» (Laozi, cap. 57); «cuanto más corrupto el Estado, más numerosas las leyes» (Tácito, Anales III, 27) (3.2).
• Su propia ley o el dato: «La ignorancia de las leyes no excusa de su cumplimiento» (Código Civil, art. 6.1)^◦prueba ✔. Solo en 2024 se aprobaron 894 normas nuevas, 719 del Estado y 175 de las comunidades autónomas (CEOE, «La producción normativa en 2024», estudio privado con datos del BOE y de las comunidades, pp. 2 y 7)^◦, y se publicaron 1.298.086 páginas entre el BOE y los boletines autonómicos, unas 3.547 cada día (5.2). Y lo vigente, recopilado por el propio BOE en sus Códigos electrónicos, ocupa 345 códigos con 396.115 páginas (BOE, Biblioteca Jurídica Digital, «Códigos electrónicos», consulta del 5-10-2026)^◦: leyendo cien páginas al día, harían falta casi once años (cálculo de la obra; algunas normas se repiten entre códigos).

Dónde está probado: lo que se da por supuesto (5.2) y los costes indirectos de cumplir (8.4).

La pregunta: ¿cómo se puede exigir conocer todas las normas cuando solo en 2024 se aprobaron 894 nuevas y lo vigente, recopilado por el propio BOE, ocupa 396.115 páginas?

Los contrapuntos de la obra:

1. Con su propia ley. Publicar no es poder conocer. Aun quitando los anuncios y los nombramientos, quedan 894 normas nuevas en un año y 396.115 páginas de lo vigente, y la ignorancia de cualquiera de ellas no excusa.
2. Cumplir cuesta. Para cumplirlas, el ciudadano paga a gestores, asesores y abogados, y nada de eso cuenta como carga (8.4).
3. Las palabras cambian sin aviso. La Academia definía la inflación como «Elevación notable del nivel de precios con efectos desfavorables para la economía de un país»; en la edición actual se suprimieron «notable» y «con efectos desfavorables» (5.1).
4. El propio Estado ha reconocido el problema. El Consejo de Ministros acordó el 30-XII-2009 constituir una Comisión de Modernización del Lenguaje Jurídico, dentro del Plan Estratégico para la Modernización de la Justicia 2009-2012, contra «las barreras lingüísticas que, en la actualidad, impiden un fluido entendimiento entre el ciudadano y la Administración de Justicia»; y el informe dice que los ciudadanos «tienen derecho no sólo a conocer las resoluciones […] sino que también tienen derecho a comprenderlas» (Ministerio de Justicia, «Claridad y derecho a comprender», informe de la Comisión para la modernización del lenguaje jurídico)^◦prueba ✔.

Dónde aguanta: la publicación es real y gratuita, sin el principio nadie estaría obligado por ley alguna, y no todas las páginas de los boletines son normas. La obra concede la publicación; lo que discute es que lo publicado se pueda conocer.

Límite honesto: las cifras de normas y de páginas de 2024 son de un estudio privado hecho con datos del BOE y de las comunidades, y el número de códigos cuenta algunas normas más de una vez.

La última palabra: ante la ley de Dios, la verdad ya ha sido expuesta. Ante la ley natural, la verdad ya ha sido expuesta. Ante la costumbre, la verdad ya ha sido expuesta. Ahora, con tus propias reglas y con las normas con que te construiste, tienes la palabra: tienes la oportunidad de defenderte en verdad.

Respuesta de la institución: pendiente; se registrará la respuesta o el silencio.

[37.00-11.1 a 11.8, con Lc 11:46 en la Reina-Valera Antigua, y la pregunta con las páginas en lugar de las 259 normas del Consejo de Ministros: sin fila en el registro; 00.2-9.5 a 9.8; 07.00-28.1 y 28.2, sin los nueve códigos con sus páginas, la sentencia de las cláusulas suelo, los siete años de BOSCO ni la plantilla de la Casa del Rey (leída después, C.2): sin fila o sin leer; 30.00-35.2, la Comisión de Modernización del Lenguaje Jurídico, leída el 7-oct en el informe del Ministerio de Justicia. Los 396.115, del índice del lote c5. Las 894 normas (719 y 175) y las 128.071 páginas de disposiciones, leídas hoy en el informe de la CEOE ya bajado (c5): en ese informe, el 259 de la Biblioteca solo sale como los reales decretos de 2023 (fila «2023 4 13 259 8 0 399 683» de su cuadro), no como normas de 2024 fuera del Plan Anual Normativo]

Cargo 9. El consentimiento de los que vienen

La presunción: «Que las generaciones futuras aceptan pagar lo que hoy se debe».

La vara.

• La ley de Dios: «En aquellos días no dirán más: Los padres comieron las uvas agraces, y los dientes de los hijos tienen la dentera. Sino que cada cual morirá por su maldad» (Jer 31:29-30)^◦prueba ✔. Y «el hijo no llevará por el pecado del padre» (Ez 18:20; 2.3).
• Las tradiciones: cada uno responde de lo suyo (3.2).
• Su propia ley o el dato: las pensiones ya prometidas sumaban 6,13 billones de euros a finales de 2021, y no figuran en la deuda oficial, que en 2025 rondaba 1,7 billones (5.1, n.º 24). Quienes las pagarán no han votado nada.

Dónde está probado: lo que se da por supuesto (5.1, n.º 24), la hucha y la deuda (8.6) y la quiebra camuflada (9.1).

La pregunta: ¿en virtud de qué consentimiento se carga la deuda pública y las pensiones ya prometidas a quienes aún no han nacido?

Los contrapuntos de la obra:

1. Los que vienen ya pagan. La fecundidad está en 1,10 hijos por mujer, y una vivienda cuesta 8,36 años de la renta bruta de un hogar mediano (8.8); el 33,8 % de los menores de 18 años estaba en 2025 en riesgo de pobreza o exclusión social (7.5).
2. La carga más grande no se publica. Los 6,13 billones no figuran en la deuda oficial (5.1, n.º 24).
3. El sistema depende de quien viene detrás. Hay unos dos afiliados por cada pensión (8.6).
4. Y la pérdida de valor ayuda al que debe: entre 2021 y 2025 rebajó la deuda pública, en términos reales, en 306.760 millones de euros (cargo 4).
5. La pregunta no es si el Estado debe endeudarse alguna vez, sino quién decide la carga y quién la paga: hoy, la deciden unos y la pagan otros.

Dónde aguanta: quien viene detrás hereda también lo que la deuda construyó, y la solidaridad entre generaciones es real. La deuda de pensiones no vence hoy; esa defensa se oye entera frente al dictamen (11.4).

Límite honesto: no se puede preguntar a quien no ha nacido. La obra no propone dejar de pagar: pregunta en virtud de qué se le carga.

La última palabra: ante la ley de Dios, la verdad ya ha sido expuesta. Ante la ley natural, la verdad ya ha sido expuesta. Ante la costumbre, la verdad ya ha sido expuesta. Ahora, con tus propias reglas y con las normas con que te construiste, tienes la palabra: tienes la oportunidad de defenderte en verdad.

Respuesta de la institución: pendiente; se registrará la respuesta o el silencio.

[37.00-12.1 a 12.7, con Jer 31:29-30 en la Reina-Valera Antigua y la vivienda con el dato de junio de 2026; 00.2-18.1 a 18.4; 24.00-9.8 y 9.9]

Cargo 10. El Estado social

La presunción: «Que el Estado cumple lo que la Constitución promete».

La vara.

• La ley de Dios: «Así también la fe, si no tuviere obras, es muerta en sí misma» (Stg 2:17)^◦prueba ✔; y «Por sus frutos los conoceréis» (Mt 7:16; 0.5).
• Las tradiciones: «El pueblo pasa hambre porque los de arriba consumen demasiados impuestos» (Laozi; 3.2). Y en las Analectas de Confucio, el emperador Yao advierte a quien le sucede: «si hay angustia y necesidad dentro de los cuatro mares, la renta del Cielo llegará a su fin para siempre» [original: «If there shall be distress and want within the four seas, the Heavenly revenue will come to a perpetual end»] (Analectas XX, 1, en la traducción inglesa de Legge)^◦prueba ✔.
• Su propia ley o el dato: la Constitución promete: «Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada» (art. 47), y «Los poderes públicos aseguran la protección social, económica y jurídica de la familia» (art. 39.1; 7.6). En lo que dispone sobre el bien común, el incumplimiento es del 62,1 % (41 de 66 artículos), frente al 27,2 % en lo que regula el organigrama del poder (7.4).

Dónde está probado: lo que se da por supuesto (5.1, n.º 16 y 20), la auditoría (7.4, 7.5 y 7.6) y los frutos (capítulo 8).

La pregunta: ¿qué artículos de la Constitución sobre el bien común se consideran cumplidos, y con qué dato?

Los contrapuntos de la obra:

1. Con su propia ley. La Constitución llama derecho a lo que luego no deja exigir: la vivienda es un «derecho» (art. 47), pero solo se puede alegar según las leyes que lo desarrollen (art. 53.3), mientras el pago de la deuda «gozará de prioridad absoluta» (art. 135.3). El cobro queda blindado y el deber, aplazado (7.6). Y la mitad que organiza el poder sí se cumple: el incumplimiento es del 62,1 % en lo que promete al ciudadano y del 27,2 % en lo que organiza el poder; cuando otro poder corrige, protege al ciudadano en el 4,65 % de los casos y frena al poder en el 26,32 % (7.4).
2. No faltan recursos para todo por igual. De cada jornada de ocho horas de un asalariado medio, 3 horas y 19 minutos se van en IRPF y cotizaciones (8.3), y aun así se incumple el 62,1 % de los artículos que afectan al ciudadano (7.4). Los intereses de la deuda, 38.793 millones en 2024, superaron lo que se gastó en defensa, vivienda y medio ambiente juntos: 37.385 millones (8.6; suma de la obra). Solo en 2023, el IRPF recaudó unos 11.000 millones de más por no actualizar su escala (8.3). Y la publicidad institucional pasó de 25,9 millones en 2019 a 88,1 millones en 2025 (Comisión de Publicidad y Comunicación Institucional, informes anuales de 2019 y 2025)^◦, mientras 32.704 personas murieron en 2025 esperando una respuesta del sistema de dependencia (8.5).
3. Los frutos. Una vivienda cuesta 8,36 años de la renta bruta de un hogar mediano, y con lo que de verdad se puede ahorrar, unos 25 años solo para la entrada (8.8; cargo 4). En 2025, el 33,8 % de los menores de 18 años estaba en riesgo de pobreza o exclusión social, frente al 25,7 % del conjunto (7.5). Solo el 14,5 % de los jóvenes estaba emancipado, la edad media de emancipación es de 30,2 años, y alquilar en solitario supone «el 98,7 % del salario de una persona joven» (7.2). Y la fecundidad está en 1,10 hijos por mujer, el mínimo de la serie (8.8).
4. El ancla está en el papel; los frutos son otros. Con la serie actual de la OCDE, el salario medio real subió de 1993 a 2023 un 4,0 % en España, frente al 28,1 % en Francia y el 21,0 % en Alemania (OCDE, «Average annual wages» (salarios medios anuales); fe de erratas, 20.00-35.5)^◦.
5. La redistribución tiene otra cara. Lo que se reparte salió antes de la gente (contrapunto 2). Las pensiones, la mayor partida, las pagan sobre todo las cotizaciones de quienes trabajan hoy, en un sistema de reparto (8.6), y dentro de la protección social unos 16.400 millones son gestión, no prestaciones (5.1, n.º 23). Mientras, en 2025 las administraciones pagaron 40.314 millones de euros en intereses e invirtieron 49.632: por cada 5 euros que se invierten, se pagan unos 4 en intereses (7.2, n.º 4). Con la escala del IRPF sin actualizar, quien gana lo mismo en poder de compra paga más (8.3); y la pérdida de valor del dinero rebajó la deuda pública, en términos reales, en 306.760 millones de euros entre 2021 y 2025 (cargo 4): lo que pierde quien ahorra lo gana, en buena parte, quien debe.
6. Las libertades, cuando incomodan. La crítica al Jefe del Estado tuvo que defenderla un tribunal de fuera: el Tribunal Europeo de Derechos Humanos condenó a España en 2018 por castigar a dos personas que quemaron una fotografía de los Reyes (7.2, n.º 8). En 2025, el Constitucional admitió 59 de 9.089 recursos de amparo (5.1, n.º 19). Y el estado de alarma «no permite la suspensión de ningún derecho fundamental», pero el confinamiento de 2020 fue, según el propio Constitucional, «una suspensión del derecho» (7.2, n.º 9).

En el nivel completo, las demás defensas que la Biblioteca escribió para este cargo, una por una, con su respuesta.

Dónde aguanta: hay frutos que se reconocen: sanidad universal, una pensión alta en comparación y una esperanza de vida de las mayores. Las libertades tienen su freno: el Constitucional anuló el inciso «no autorizado» de la ley de seguridad ciudadana, y la multa ante el Parlamento castiga la perturbación grave, no la protesta pacífica (7.3). La caída de la fecundidad es europea y su causa no está probada; los 58 años de la hostelería de Madrid son el ejemplo de un sindicato, parte interesada, y no se comparan con la media nacional; y que la vivienda suba y los hijos bajen a la vez no prueba que lo uno cause lo otro (8.8).

Límite honesto: de los doce principios rectores, solo la infancia y la vivienda tienen dato propio en la auditoría; afirmar que los otros diez fallan igual sería sobreafirmar (7.6). Y la obra mide el incumplimiento; no prueba que se busque (11.2, n.º 15).

La última palabra: ante la ley de Dios, la verdad ya ha sido expuesta. Ante la ley natural, la verdad ya ha sido expuesta. Ante la costumbre, la verdad ya ha sido expuesta. Ahora, con tus propias reglas y con las normas con que te construiste, tienes la palabra: tienes la oportunidad de defenderte en verdad.

Respuesta de la institución: pendiente; se registrará la respuesta o el silencio.

[37.00-13.1 a 13.8, con Stg 2:17 en la Reina-Valera Antigua y la frase de las Analectas en boca de Yao, como dice el texto (c9h); 00.1-4.14 a 4.17 y 4.31 a 4.34; 00.2-21.9 a 21.12; 03.00-34.2 a 34.7, el salario real de la OCDE con la serie actual (07, 20.00-35.5); sin 06.00-8.4 a 8.7: la pieza se retiró de la edición por consenso, por no concluyente, y sus defensas no se recuperan (Kiko, 7-oct); 08.00-7.2 y 7.3; 10.00-18.16 y 18.17; 14.00-8.12 y 8.13; 15.00-17.16, 17.17 y 17.24 a 17.27, sin los doce años de la financiación autonómica: sin fila; 16.00-13.2 a 13.5, la sentencia del 25 % con lo leído en 7.3 y el art. 118 con su fila; 16.00-13.12 y 13.13; 18.00-7.4 a 7.7, sin el 68,0 % ni los 40 decretos-leyes; 19.00-35.12 y 35.13, sin el 1,5 % y el 2,4 % del PIB: sin fuente leída; 20.00-35.8 y 35.9; 21.00-14.12 a 14.15, sin el plan vencido en 2023; 22.00-13.14 y 13.15; 26.00-8.10 y 8.11; 27.00-7.2 a 7.11, sin los tipos al 17 %; 34.00-13.2 y 13.3, sin «vuelven a la gente»: la tabla de 8.6 dice a qué va el gasto, no lo que se devuelve; y con los cuatro euros de intereses por cada euro invertido de 7.2, n.º 4 (Kiko, 7-oct). La Constitución, art. 139.1 y disposición adicional primera, leída hoy en local]

Cargo 11. El contrato social

La presunción: «Que existe un pacto que todos aceptamos».

La vara.

• La ley de Dios: «Mas sea vuestro hablar: Sí, sí; No, no; porque lo que es más de esto, de mal procede» (Mt 5:37)^◦prueba ✔. La presunción da por dado un sí que nadie pronunció (5.2).
• Su propia ley o el dato: «No hay contrato sino cuando concurren los requisitos siguientes: 1.º Consentimiento de los contratantes. 2.º Objeto cierto que sea materia del contrato. 3.º Causa de la obligación que se establezca» (Código Civil, art. 1261)^◦prueba ✔. Nadie firmó este. Y sus propios teóricos lo presentan como una idea, no como un hecho: para Kant, el contrato originario «de ningún modo es necesario suponerlo como un hecho», y es «una mera idea de la razón» (6.1).

Dónde está probado: lo que se da por supuesto (5.1, n.º 13; 5.4) y el contrato que nadie firmó (6.1).

La pregunta: ¿en qué documento y en qué fecha consta el consentimiento personal de cada ciudadano a las obligaciones que se le imponen?

Los contrapuntos de la obra:

1. Con su propia ley. Si no es un contrato, como reconoce la defensa, no puede invocarse para exigir obligaciones como si se hubieran consentido: el Código Civil no admite contrato sin «Consentimiento de los contratantes» (art. 1261). Y si el contrato es la Constitución, se le puede pedir que se cumpla: incumple el 62,1 % de lo que promete sobre el bien común (7.4; cargo 10). El Estado no puede tener las dos cosas: invocar el pacto para exigir y negar que lo sea para responder.
2. El consentimiento tácito ya tuvo respuesta. Hume: «¿Podemos decir en serio que un pobre campesino o artesano tiene libertad para elegir dejar su país […]?». Sería como decir que consiente el mando del capitán quien sigue en un barco, aunque lo subieron a bordo dormido y tendría que saltar al océano para dejarlo (6.1).
3. El referéndum de 1978 no lo votaron quienes no tenían edad, ni los nacidos después (cargo 3; 5.2). Y la obligación empieza antes de que nadie pueda consentir: el día en que se nace (5.4; cargo 16).
4. El miedo no es consentimiento. La obra no propone el caos ni la desobediencia: propone la constancia escrita, el Registro de los frutos y este juicio de opinión (0.2; 10.1). Y el miedo que funda el Leviatán no explica el cobro con recargo ni la deuda cargada a quien no ha nacido (cargos 13 y 9).

Dónde aguanta: el pacto de 1978 fue real: lo redactó una ponencia de siete diputados, lo votó una amplia mayoría y se ratificó en referéndum (capítulo 6). Y la propia tradición del contrato le da un uso honrado: para Kant, obliga a cada legislador a dictar sus leyes como si hubieran podido nacer de la voluntad unida de todo un pueblo (6.1). La obra concede el consenso; discute que obligue a quien no lo votó.

Límite honesto: la obra no puede probar que la mayoría rechazaría hoy el pacto (cargo 3). Prueba que el consentimiento de quien no votó se presume.

La última palabra: ante la ley de Dios, la verdad ya ha sido expuesta. Ante la ley natural, la verdad ya ha sido expuesta. Ante la costumbre, la verdad ya ha sido expuesta. Ahora, con tus propias reglas y con las normas con que te construiste, tienes la palabra: tienes la oportunidad de defenderte en verdad.

Respuesta de la institución: pendiente; se registrará la respuesta o el silencio.

[37.00-15.1 a 15.7, con Mt 5:37 en la Reina-Valera Antigua; 00.1-4.1 a 4.4; 00.2-6.5 a 6.8; 10.00-18.2 a 18.7, sin que Locke «y no Hobbes» sea la fuente de las rupturas históricas: no se ha leído así en 6.1; 14.00-8.2 y 8.3; 15.00-17.28 y 17.29, sin «las cuatro, sin referéndum», sin «autobloqueo» y sin que la revisión total «nunca» se haya activado en «cuarenta y ocho años»: sin fila]

Cargo 12. La urgencia

La presunción: «Que el Gobierno legisla por decreto solo cuando hay urgencia».

La vara.

• La ley de Dios: «todo presuroso, indefectiblemente á pobreza» (Pr 21:5)^◦prueba ✔.
• Su propia ley: «En caso de extraordinaria y urgente necesidad, el Gobierno podrá dictar disposiciones legislativas provisionales que tomarán la forma de Decretos-leyes» (Constitución, art. 86.1)^◦prueba ✔. Es la excepción: las leyes las hacen las Cortes.
• El dato: en 2024 se aprobaron 11 decretos-leyes y 13 leyes, 6 orgánicas y 7 ordinarias; en 2020, 39 decretos-leyes y 14 leyes (CEOE, «La producción normativa en 2024», estudio privado con datos del BOE, p. 3)^◦. De 2013 a 2024, 230 decretos-leyes y 314 leyes (suma de la obra con ese cuadro).

Dónde está probado: lo que se da por supuesto (5.1, n.º 14); la serie, con su cautela, en el anexo A (art. 86).

La pregunta: ¿qué urgencia concreta justificó cada decreto-ley de esta legislatura?

Los contrapuntos de la obra:

1. Con su propia ley. El Constitucional ha anulado decretos-leyes por no justificar la urgencia: en 2018, varias disposiciones del Real Decreto-ley 5/2013, «para cuya aprobación no se ha acreditado la concurrencia del presupuesto habilitante de la extraordinaria y urgente necesidad» (STC 61/2018, síntesis y fallo)^◦prueba ✔. Y el decreto-ley tiene otro límite, que tampoco se respetó: no puede afectar a los deberes de los ciudadanos. Por eso se anuló la amnistía fiscal de 2012: «uno de los deberes cuya afectación está vedada al decreto-ley es el deber de contribuir al sostenimiento de los gastos públicos» (STC 73/2017)^◦prueba ✔.
2. La excepción, convertida en costumbre. De cada diez normas con rango de ley aprobadas entre 2013 y 2024, unas cuatro fueron decretos-leyes; en 2020, casi tres decretos-leyes por cada ley (el dato, arriba).
3. Convalidar no es legislar. La votación de los treinta días es «de totalidad» (art. 86.2): sí o no a un texto que ya está en vigor, sin enmiendas en ese trámite. Tramitarlo como ley es posible, pero no obligado: «podrán» (art. 86.3).
4. La urgencia no cambia la Constitución. El estado de alarma «no permite la suspensión de ningún derecho fundamental», y el Constitucional concluyó que el confinamiento general de 2020 «supone un vaciamiento de hecho o, si se quiere, una suspensión del derecho»; del segundo estado de alarma anuló, entre otros, la delegación en las autoridades autonómicas (7.2, n.º 9).

Dónde aguanta: el decreto-ley es constitucional y tiene control: el Congreso lo convalida o lo deroga en treinta días, puede tramitarlo como ley, y el Constitucional anula lo que no se justifica, y lo ha hecho. El Congreso también deroga: entre enero de 2024 y septiembre de 2026 derogó al menos siete reales decretos-leyes (7/2023, 9/2024, 7/2025, 16/2025, 2/2026, 8/2026 y 21/2026) (BOE, «Referencias posteriores» de cada decreto-ley)^◦. Y hay urgencias reales: una pandemia lo es. Lo que la obra discute es la frecuencia, no la figura.

Límite honesto: la obra no ha examinado la urgencia de cada decreto-ley: por eso la pregunta pide la de cada uno. Las cifras de normas son de un estudio privado hecho con datos del BOE.

La última palabra: ante la ley de Dios, la verdad ya ha sido expuesta. Ante la ley natural, la verdad ya ha sido expuesta. Ante la costumbre, la verdad ya ha sido expuesta. Ahora, con tus propias reglas y con las normas con que te construiste, tienes la palabra: tienes la oportunidad de defenderte en verdad.

Respuesta de la institución: pendiente; se registrará la respuesta o el silencio.

[37.00-16.1 a 16.7, con Pr 21:5 en la Reina-Valera Antigua, sin los 40 decretos-leyes frente a 74 leyes (sin fuente oficial: la propia pieza 17.00 avisa de que la cifra «no se desglosa siempre igual entre fuentes») y con la amnistía fiscal corregida: no se anuló por falta de urgencia, sino por afectar al deber de contribuir (STC 73/2017; errata nueva, para aprobar); 00.1-4.5 a 4.8; 00.2-12.14 a 12.17, con la misma corrección; 11.00-9.1 y 9.2; 15.00-17.18 y 17.19; 00.00-6.2, con al menos siete decretos-leyes derogados entre 2024 y 2026 (no tres), leídos en el BOE el 7-oct. Las cifras de 2013 a 2024, leídas hoy en el informe de la CEOE ya bajado (c5, p. 3); la Constitución, art. 86, leída hoy en local; la STC 61/2018, con la versión del 07]

Cargo 13. El cobro sin juez

La presunción: «Que el Estado puede ejecutar por sí mismo lo que reclama».

La vara.

• La ley de Dios: «Cuando dieres á tu prójimo alguna cosa emprestada, no entrarás en su casa para tomarle prenda: Fuera estarás» (Dt 24:10-11)^◦prueba ✔. Ni al acreedor deja entrar en casa del deudor (5.2).
• Las tradiciones: gobernar con humanidad es «ser parco en castigos y multas, y aligerar impuestos y tributos» (Mencio; 3.2). Y en Roma, un decreto de Marco Aurelio: «hay violencia también siempre que alguien reclama sin juez lo que cree que se le debe» (8.5).
• Su propia ley: los actos de la Administración «serán inmediatamente ejecutivos» (Ley 39/2015, art. 98.1)^◦prueba ✔, y ella misma puede ejecutarlos, incluido el «apremio sobre el patrimonio» (arts. 99 y 100.1.a; 7.6). Un particular necesita siempre un título: «La acción ejecutiva deberá fundarse en un título que tenga aparejada ejecución» (Ley de Enjuiciamiento Civil, art. 517.1)^◦prueba ✔. Al que paga tarde se le aplica un recargo del 5, el 10 o el 20 % (Ley General Tributaria, art. 28); a Hacienda, cuando devuelve tarde, el interés, pero ningún recargo (art. 31.2; 7.6).

Dónde está probado: lo que se da por supuesto (5.1, n.º 15 y 25) y el cobro blindado y el deber aplazado (7.6).

La pregunta: ¿por qué el recargo de apremio se aplica al ciudadano y no a Hacienda cuando devuelve tarde, y cuánto se recaudó por recargos en 2025?

Los contrapuntos de la obra:

1. Con su propia ley. La asimetría está en el recargo, no en el interés: el ciudadano paga recargo e intereses; Hacienda, solo el interés (7.6), que debe pagar «sin necesidad de que el obligado lo solicite» (Ley General Tributaria, art. 31.2)^◦prueba ✔.
2. El silencio pesa distinto. La Administración «está obligada a dictar resolución expresa y a notificarla en todos los procedimientos» (Ley 39/2015, art. 21.1). Pero cuando el ciudadano calla, el sistema tiene recargo, sanción, apremio, caducidad y pérdida del plazo; cuando calla el sistema, el ciudadano tiene que acudir a un tribunal y esperar años (5.1, n.º 25).
3. El interés general cobra con recargo y se paga con la pérdida de valor. La hucha de los trabajadores está invertida por ley en deuda del propio Estado, y en diez años rindió un 0,12 % al año, con los precios al 2,39 % (cargo 15). La pérdida de valor del dinero rebajó la deuda pública en 306.760 millones entre 2021 y 2025 (cargo 4). Y del rescate bancario, con 50.621 millones de recursos públicos empleados, el Banco de España daba en 2019 5.225 millones recuperados (7.2): al ciudadano que debe se le embarga sin juez; al rescatado no se le embargó.
4. La propiedad, con condiciones. La misma Constitución dice: «La función social de estos derechos delimitará su contenido, de acuerdo con las leyes» (art. 33.2)^◦prueba ✔. La línea entre gobernar y poseer la sigue trazando quien gobierna (6.3); el mismo patrimonio pasa por varias capas de impuestos sin coordinación entre ellas (7.6); y la propiedad más común, el ahorro, pierde valor sin que nadie lo vote: 100 euros guardados el 1 de enero de 1971 compran hoy lo que entonces 3,90 (8.3).
5. La usura y el impuesto. La obra concede que la ley de 1908 no se aplica a los tributos; su valor es de coherencia: el ordenamiento anula el cobro desproporcionado cuando lo hace un banco (3.3), y el Estado recaudó solo en 2023 unos 11.000 millones de más por no actualizar la escala del IRPF, sin que se votara una subida (8.3).

Dónde aguanta: la autotutela tiene un fin declarado, el interés general, y está sujeta a recurso y a suspensión con garantía; el interés de demora es el mismo para los dos; la separación de 1811 es un avance real; la ley de la usura no se aplica a los impuestos; y el sistema se frena alguna vez: la plusvalía municipal se anuló cuando la cuota superaba la ganancia (7.6).

Límite honesto: la obra no ha hallado una justificación oficial de por qué el recargo existe en una sola dirección, ni sabe cuánto se recauda por recargos: por eso lo pregunta. Y no prueba que la asimetría se busque: es la acumulación de capas creadas en momentos distintos (7.6).

La última palabra: ante la ley de Dios, la verdad ya ha sido expuesta. Ante la ley natural, la verdad ya ha sido expuesta. Ante la costumbre, la verdad ya ha sido expuesta. Ahora, con tus propias reglas y con las normas con que te construiste, tienes la palabra: tienes la oportunidad de defenderte en verdad.

Respuesta de la institución: pendiente; se registrará la respuesta o el silencio.

[37.00-18.1 a 18.8, con Dt 24:10-11 en la Reina-Valera Antigua; 00.1-4.9 a 4.13, sin que «casi nadie» reclame los intereses ni que el Banco de España «dejó de publicar» su nota: sin fila; 00.1-6.17 a 6.20; 00.2-12.9 a 12.13; 03.00-34.8 y 34.9, sin el IBI: sin fila; 07.00-26.1 y 26.2; 10.00-18.14 y 18.15, sin la expropiación «a favor de un monopolio» como prueba: el Supremo la avaló (10.7); 21.00-14.6 y 14.7; 22.00-13.2 a 13.5, sin las multas de Madrid, ya en 9.1; 23.00-6.2 y 6.3. La Constitución, art. 33, leída hoy en local]

Cargo 14. La deuda

La presunción: «Que la deuda del Estado es un gasto más».

La vara.

• La ley de Dios: «AL cabo de siete años harás remisión. Y esta es la manera de la remisión: perdonará á su deudor todo aquél que hizo empréstito» (Dt 15:1-2; 3.3); y «el que toma prestado, siervo es del que empresta» (Pr 22:7)^◦prueba ✔.
• Las tradiciones: hacia el 2350 a. C., sobre el que vivía endeudado, el rey Urukagina «vació su prisión y estableció su remisión» (3.3).
• Su propia ley: el pago de la deuda «gozará de prioridad absoluta», y sus créditos «no podrán ser objeto de enmienda o modificación, mientras se ajusten a las condiciones de la ley de emisión» (Constitución, art. 135.3)^◦prueba ✔. Ningún otro gasto tiene esa prioridad escrita en la Constitución.

Dónde está probado: lo que se da por supuesto (5.1, n.º 8 y 24), la deuda primero (7.2, n.º 4; 8.1), a dónde va cada euro (8.6) y la quiebra camuflada (9.1).

La pregunta: ¿cuánto ha rebajado la inflación desde 2021 el valor real de la deuda pública, y cuánto ha costado esa inflación a los ahorradores y al Fondo de Reserva?

Los contrapuntos de la obra:

1. Con su propia ley. La prioridad absoluta se aprobó por lectura única y sin referéndum: la Constitución solo lo exige si lo pide una décima parte de los miembros de una Cámara, y no se pidió (8.1). El acreedor pasó por delante de todo lo demás sin preguntar al pueblo, mientras la vivienda y el bien común son principios que no se pueden reclamar ante un juez (art. 53.3; cargo 10).
2. Lo que cuesta cada año. En 2025, las administraciones pagaron 40.314 millones en intereses e invirtieron 49.632: por cada 5 euros que se invierten, se pagan unos 4 en intereses (7.2, n.º 4). Los intereses de 2024, 38.793 millones, superaron lo gastado en defensa, vivienda y medio ambiente juntos (cargo 10). Y en 2025 faltaron 40.330 millones, casi lo mismo que se pagó en intereses: cada año se pide prestado, más o menos, lo que cuestan los intereses de lo ya pedido (8.6).
3. Quién la paga. La pérdida de valor del dinero la rebajó en 306.760 millones entre 2021 y 2025, más que los 172.603 millones de intereses pagados: la pagaron, en buena parte, los ahorradores (cargo 4).
4. La que no se publica. Las pensiones ya prometidas sumaban 6,13 billones a finales de 2021, más de cuatro veces la deuda oficial de aquel año, y no figuran en ella (5.1, n.º 24; 9.1). Y la Seguridad Social debe al Estado 126.170 millones en préstamos (9.1).
5. El rescate. Costó 71.833 millones a 31 de diciembre de 2021, con 50.621 millones de recursos públicos empleados; en 2019, el Banco de España daba 5.225 millones recuperados (7.2).
6. Las tradiciones ponen un límite a la deuda (Mesopotamia, Israel, Atenas y el islam): en Israel, cada siete años, remisión, y cada cincuenta, jubileo. El sistema hace lo contrario: no hay remisión periódica, y la deuda del Estado se paga con deuda nueva (3.3; 9.1).

Dónde aguanta: la deuda financió la respuesta a crisis reales, la reforma de 2011 tuvo una mayoría muy amplia, y los depósitos están garantizados. La deuda de pensiones no vence hoy: esa defensa se oye entera frente al dictamen (11.4).

Límite honesto: la obra no puede probar cuánto más caros habrían sido los intereses sin la prioridad absoluta; prueba el orden escrito y lo que cuesta cada año. Y no prueba que la pérdida de valor se busque (cargo 4).

La última palabra: ante la ley de Dios, la verdad ya ha sido expuesta. Ante la ley natural, la verdad ya ha sido expuesta. Ante la costumbre, la verdad ya ha sido expuesta. Ahora, con tus propias reglas y con las normas con que te construiste, tienes la palabra: tienes la oportunidad de defenderte en verdad.

Respuesta de la institución: pendiente; se registrará la respuesta o el silencio.

[37.00-19.1 a 19.7, con Dt 15:1-2 y Pr 22:7 en la Reina-Valera Antigua, y sin «en menos de dos semanas»: la obra tiene las fechas de las votaciones (8.1), no la de la propuesta; 00.1-2.30 a 2.33; 00.1-6.13 a 6.16, sin «casi cuatro veces»: el dato es «más de cuatro veces» la deuda de 2021 (9.1); 00.2-15.22 a 15.25; 15.00-17.8 a 17.11, sin que el Banco de España «dejó de publicar» su nota: sin fila; 22.00-13.12 y 13.13; 24.00-9.6 y 9.7. Que «prioridad absoluta» solo aparece en el art. 135.3, comprobado hoy en el texto local de la Constitución]

Cargo 15. La hucha

La presunción: «Que se cotiza para la propia jubilación y que la hucha la guarda».

La vara.

• La ley de Dios: quien retuvo «el depósito que se le encomendó […] lo restituirá, pues, por entero, y añadirá á ello la quinta parte» (Lv 6:4-5)^◦prueba ✔.
• Las tradiciones: «Alá os ordena que restituyáis los depósitos a sus propietarios» (Corán 4:58, traducción de Julio Cortés)^◦prueba ✔; y en las Leyes de Manu, «como se entregó el depósito, así debe devolverse» (3.2).
• Su propia ley: «El sistema financiero de todos los regímenes que integran el sistema de la Seguridad Social será el de reparto» (Ley General de la Seguridad Social, art. 110.1)^◦prueba ✔: lo que se cotiza hoy paga las pensiones de hoy. Y la hucha, el Fondo de Reserva, se invierte por ley en títulos públicos (art. 122): hoy «está compuesta, exclusivamente, por deuda pública española» (5.1, n.º 2).

Dónde está probado: lo que se da por supuesto (5.1, n.º 1 y 2), el Fondo de Reserva en la auditoría (7.5) y la hucha (8.6).

La pregunta: ¿qué rentabilidad real ha obtenido el Fondo de Reserva en los últimos diez años, y por qué la ley impide invertirlo en otros activos?

Los contrapuntos de la obra:

1. Con su propia ley. El sistema es de reparto (art. 110.1): la pensión de quien cotiza hoy dependerá de quienes coticen detrás, y hoy hay unos dos afiliados por cada pensión, con una fecundidad de 1,10 hijos por mujer (8.6 y 8.8).
2. La hucha se vació, y su límite se quitó por decreto. Desde 2012 se dejó sin efecto el límite anual de disposición: «no resultará de aplicación el límite del tres por ciento» (Real Decreto-ley 28/2012, art. 1; 8.6). Entre 2012 y 2019 se dispusieron 80.337 millones, y en 2020 quedaban 2.138 (8.6).
3. Se rellena con una cotización nueva. A 31 de diciembre de 2025 tenía 14.069,81 millones, gracias al mecanismo de equidad intergeneracional, que pagan trabajadores y empresas desde 2023: 10.150 millones de 2023 a 2025 (8.6).
4. Lo confiado no se devolvió entero. En los últimos diez años rindió un 0,12 % al año, mientras los precios subían un 2,39 %: perdió valor real. El propio informe oficial compara: en diez años, el conjunto de los planes de pensiones rindió un 3,70 % al año (8.6).
5. Quién decide. En el comité que decide dónde se invierte se sienta el Director General del Tesoro (5.1, n.º 2), y hoy se invierte solo en deuda del propio Estado.
6. La Seguridad Social, en números rojos. Tiene patrimonio neto negativo desde 2017, 106.138,7 millones a 31 de diciembre de 2024, y debe al Estado 126.170 millones en préstamos (9.1).

Dónde aguanta: la pensión española es alta en comparación: la OCDE la calcula en el 80,4 % del salario, frente al 52,0 % de su media (8.4). El Fondo se usó para lo previsto, pagar pensiones, y no fue apropiación (7.5). Y hoy se recupera.

Límite honesto: la obra no prueba que otra inversión hubiera sido igual de segura; compara con el dato que da el propio informe oficial. Y no dice que la pensión no se vaya a pagar: dice que depende de quien venga detrás, no de lo que uno guardó.

La última palabra: ante la ley de Dios, la verdad ya ha sido expuesta. Ante la ley natural, la verdad ya ha sido expuesta. Ante la costumbre, la verdad ya ha sido expuesta. Ahora, con tus propias reglas y con las normas con que te construiste, tienes la palabra: tienes la oportunidad de defenderte en verdad.

Respuesta de la institución: pendiente; se registrará la respuesta o el silencio.

[37.00-21.1 a 21.8, con Lv 6:4-5 en la Reina-Valera Antigua; 00.1-2.1 a 2.9; 00.2-15.17 a 15.21; 19.00-35.10 y 35.11; 20.00-35.6 y 35.7, sin los 77.437 millones hasta 2018: la obra da la serie año por año (8.6); 34.00-13.6 y 13.7. Que el Director General del Tesoro «emite la deuda», sin fila: se dice solo que se sienta en el comité]

Cargo 16. La obligación heredada

La presunción: «Que la persona acepta sus obligaciones con el Estado al nacer».

La vara.

• La ley de Dios: «el hijo no llevará por el pecado del padre, ni el padre llevará por el pecado del hijo» (Ez 18:20)^◦prueba ✔; «Los padres no morirán por los hijos, ni los hijos por los padres; cada uno morirá por su pecado» (Dt 24:16)^◦prueba ✔.
• Las tradiciones: cada uno responde de lo suyo (3.2).
• Su propia ley o el dato: la obligación de inscribir nace antes de que el recién nacido pueda tener voluntad alguna. La dirección del hospital «comunicará en el plazo de setenta y dos horas a la Oficina del Registro Civil» cada nacimiento, y «El registro individual se abrirá con la inscripción de nacimiento» (Ley 20/2011, del Registro Civil, arts. 46 y 5.2; 5.4). Nadie preguntó: el interesado tenía cero días (5.4).

Dónde está probado: la raíz: la presunción en lugar del consentimiento (5.4).

La pregunta: ¿qué consentimiento se pide a la persona antes de que nazcan sus obligaciones con el Estado?

Los contrapuntos de la obra:

1. Con su propia ley. La obra concede la protección y no afirma ninguna persona oculta (5.4). Lo que pregunta es otra cosa: en setenta y dos horas se abre un registro con un código personal «única e invariable en el tiempo» (art. 6; 5.4), sin que pueda estar presente el único interesado. ¿En qué otro vínculo de la vida se ata así a una persona? (5.4).
2. Lo que hereda quien nace hoy: una parte de 1,7 billones de deuda y de 6,13 billones en pensiones ya prometidas (cargo 9); y, mientras es menor, la tasa de riesgo de pobreza o exclusión más alta de todas las edades: el 33,8 % en 2025 (7.5).
3. Lo vio Rousseau: el padre puede estipular en nombre de sus hijos condiciones para su conservación y su bienestar, «pero no darlos de forma irrevocable y sin condición, porque tal don es contrario a los fines de la naturaleza». Y La Boétie: quienes nacen bajo el yugo «toman por natural el estado en que nacieron» (5.4).

Dónde aguanta: la inscripción protege de verdad: da identidad y nacionalidad, y sin ella el niño quedaría fuera de sus derechos. La obra no propone dejar de inscribir.

Límite honesto: un recién nacido no puede consentir nada, y alguien tiene que inscribirlo; la obra no tiene una alternativa probada. Pregunta por qué ese acto de protección se presume, después, consentimiento de todo lo demás.

La última palabra: ante la ley de Dios, la verdad ya ha sido expuesta. Ante la ley natural, la verdad ya ha sido expuesta. Ante la costumbre, la verdad ya ha sido expuesta. Ahora, con tus propias reglas y con las normas con que te construiste, tienes la palabra: tienes la oportunidad de defenderte en verdad.

Respuesta de la institución: pendiente; se registrará la respuesta o el silencio.

[37.00-23.1 a 23.7, con Ez 18:20 en la Reina-Valera Antigua; 00.2-9.1 a 9.4]

Cargo 17. La moneda

La presunción: «Que el dinero vale porque está respaldado o porque se confía en quien lo emite».

La vara.

• La ley de Dios: «El peso falso abominación es á Jehová: Mas la pesa cabal le agrada» (Pr 11:1)^◦prueba ✔. La presunción deja que la medida del valor cambie sin que nadie lo consienta (5.2).
• Las tradiciones: ante el tribunal de Maat se juraba: «no he disminuido la medida de grano […] no he añadido pesos a la balanza» (Libro de los Muertos, cap. 125; 3.2, P4).
• Su propia ley o el dato: desde 1971 ninguna moneda se puede cambiar por oro (8.1). El euro vale porque la ley lo declara: sus billetes y monedas «serán los únicos de curso legal en el territorio nacional» (Ley 46/1998, art. 3)^◦prueba ✔. La Constitución reserva al Estado el «Sistema monetario» (art. 149.1.11.ª), pero la política monetaria del euro es competencia exclusiva de la Unión (5.1, n.º 12; 8.3). Y 100 euros guardados el 1 de enero de 1971 compran hoy lo que entonces 3,90: se ha perdido el 96 % de su valor (8.3).

Dónde está probado: el dinero sin respaldo (5.1, n.º 11, y 8.1), siete siglos de advertencias (8.2) y lo que les pasa a 100 euros guardados (8.3).

La pregunta: ¿qué respalda hoy el valor de un euro depositado en una cuenta, y cuánto valor ha perdido el dinero guardado desde 1999?

Los contrapuntos de la obra:

1. Con su propia ley. El Tratado solo dice «estabilidad de precios». La cifra no está en él: la pone el propio banco central, que la concreta en «aspirar a una inflación del 2 % a medio plazo» (8.3). Al 2 % anual, el dinero guardado pierde la mitad de su valor cada 35 años, más o menos; y desde el 1 de enero de 1971 ha perdido el 96 % (8.3). A eso se le llama estabilidad.
2. Ningún gobierno devalúa, pero el banco central compra. La obra lo concede: ningún gobierno de la zona del euro decide hoy el valor de su moneda. Pero el balance del Eurosistema pasó de 2,78 billones de euros a final de 2015 a 8,84 billones en junio de 2022, y el Tribunal de Justicia declaró que el Tratado sí le permite comprar deuda «en los mercados secundarios» (8.1). Y quien lo advirtió no fue un crítico de fuera, sino el presidente del banco central alemán en 2012, con el Fausto de Goethe: el Estado puede al principio librarse de su deuda, pero con el tiempo «toda esta actividad degenera en inflación» (8.2).
3. La pérdida no se reparte por igual. El salario medio compra hoy lo mismo que en 2008; la escala del IRPF no se actualiza desde la reforma de 2014; y entre 2021 y 2025 la subida de los precios rebajó la deuda del Estado, en términos reales, en 306.760 millones de euros (8.3; cargo 4).
4. Siete siglos de avisos. Ocho autores, desde Oresme, hacia 1355, hasta un presidente de banco central en 2012, advirtieron lo mismo: alterar la moneda traslada riqueza sin aprobar ningún impuesto (8.2). En 1609, Mariana lo puso por título: «El rey no puede bajar la moneda de peso ó de ley sin la voluntad del pueblo» (8.2).

Dónde aguanta: la rigidez del oro agravó la Gran Depresión, y la obra no propone volver a él. La versión simple, «un banco privado controla la moneda», no resiste la fuente: la Reserva Federal «no es "propiedad" de nadie» (8.1). Y el Tratado prohíbe de verdad la financiación directa de los Estados.

Límite honesto: ninguna fuente citada demuestra que exista una estrategia coordinada para que el dinero pierda valor: el patrón está documentado; la intención, no (8.1; 11.2, n.º 15).

La última palabra: ante la ley de Dios, la verdad ya ha sido expuesta. Ante la ley natural, la verdad ya ha sido expuesta. Ante la costumbre, la verdad ya ha sido expuesta. Ahora, con tus propias reglas y con las normas con que te construiste, tienes la palabra: tienes la oportunidad de defenderte en verdad.

Respuesta de la institución: pendiente; se registrará la respuesta o el silencio.

[37.00-25.1 a 25.8, con Pr 11:1 en la Reina-Valera Antigua; 00.1-2.42 a 2.45; 00.2-15.1 a 15.4; 24.00-9.2 y 9.3; 25.00-11.4 y 11.5. Es la defensa que el capítulo 8 promete oír aquí]

Cargo 20. Los actos del Estado son válidos

La presunción: «Que todo lo que hace la Administración es válido mientras no se demuestre lo contrario».

La vara.

• La ley de Dios: «No juzguéis según lo que parece, mas juzgad justo juicio» (Jn 7:24; 0.5). La presunción da por válido lo que hace el poder por venir de él (5.2).
• Las tradiciones: la tradición jurídica dejó escrito: «En caso de duda, a favor del administrado» (Diccionario panhispánico del español jurídico; 8.5).
• Su propia ley: los actos de la Administración «se presumirán válidos y producirán efectos desde la fecha en que se dicten» (Ley 39/2015, art. 39.1)^◦prueba ✔, y son inmediatamente ejecutivos (cargo 13). Es el ciudadano quien tiene que probar lo contrario y recurrir (5.2).

Dónde está probado: la presunción (5.2, planta 4), la presunción en lo sancionador (7.5), el cobro sin juez y la palabra del inspector (7.6), y lo firme que no se revisa (5.1, n.º 9, y 8.5).

La pregunta: ¿qué prueba aporta la Administración antes de presumir válido un acto que limita un derecho?

Los contrapuntos de la obra:

1. Con su propia ley. Cuando la Administración sanciona, la presunción cambia de lado. La ley reconoce al presunto responsable «la presunción de no existencia de responsabilidad administrativa mientras no se demuestre lo contrario» (Ley 39/2015, art. 53.2.b)^◦prueba ✔, y el Constitucional dijo que la presunción de inocencia «rige sin excepciones en el ordenamiento sancionador», y que la carga de la prueba corresponde «a quien acusa, sin que nadie esté obligado a probar su propia inocencia» (STC 76/1990, FJ 8)^◦prueba ✔. Fuera de la sanción, en todo lo demás, el acto se presume válido y es el ciudadano quien tiene que demostrar el error.
2. Mientras recurre, paga. Recurrir no suspende por sí solo (10.5). En los impuestos, el cobro se suspende si el ciudadano garantiza «el importe de dicho acto, los intereses de demora que genere la suspensión y los recargos» (Ley General Tributaria, art. 224.1)^◦prueba ✔; solo la sanción tributaria se suspende sin garantía (el mismo artículo). Para no pagar mientras discute, tiene que asegurar antes lo que se le reclama.
3. Cuando la presunción falla, lo cobrado no vuelve. La amnistía fiscal de 2012 y el cálculo de la plusvalía municipal se anularon solo hacia delante (5.1, n.º 9); la Zona de Bajas Emisiones de Madrid se anuló, y el Ayuntamiento no devuelve lo cobrado, según la prensa (8.5). Y cuando otro poder corrige, protege al ciudadano en el 4,65 % de los casos (7.4).
4. La buena fe no es simétrica. Al acto de la Administración se le presume la validez. Al ciudadano multado en materia de tráfico se le ofrece pagar la mitad a cambio de que sus alegaciones «se tendrán por no presentadas»: o paga con la reducción, o alega (10.5). La cláusula de buena fe del escrito pide lo mismo para las dos partes: que el error se haga saber de forma motivada y se rectifique (10.4).
5. Lo que se afirma sin documento no está escrito; las presunciones del Estado, sí. La obra da la razón al Estado: no hay ninguna ficción oculta (anexo E). Pero las presunciones que esa afirmación intenta nombrar sin saberlo existen y están escritas, cada una con su artículo (5.2). La diferencia es de método: la afirmación sin documento inventa una ficción sin artículo; la obra cita cada presunción con su fuente.

Dónde aguanta: una administración que tuviera que acudir a un juez para cada acto no funcionaría. La obra lo concede, y es justo lo que hace de ello una presunción: si el sistema necesita presumir a su favor para funcionar, reconoce que no podría probar cada acto. Los actos se pueden recurrir y los más graves son nulos; la buena fe es un principio escrito; la sanción tributaria se suspende sin garantía; y no hay ninguna persona oculta bajo el nombre propio (2.1).

Límite honesto: la obra no prueba que la Administración abuse de la presunción en general; prueba de qué lado pone la ley la carga de la prueba. Y señalar una presunción no exime de nada: se reclama por las vías que la propia ley ofrece (10.4 y 10.5).

La última palabra: ante la ley de Dios, la verdad ya ha sido expuesta. Ante la ley natural, la verdad ya ha sido expuesta. Ante la costumbre, la verdad ya ha sido expuesta. Ahora, con tus propias reglas y con las normas con que te construiste, tienes la palabra: tienes la oportunidad de defenderte en verdad.

Respuesta de la institución: pendiente; se registrará la respuesta o el silencio.

[37.00-29.1 a 29.7, con Jn 7:24 en la Reina-Valera Antigua; 00.2-12.1 a 12.4; 07.00-27.1 y 27.2; 09.00-7.4 y 7.5, la defensa que el capítulo 2 promete oír aquí; 19.00-35.8 y 35.9, la presunción de inocencia con la STC 76/1990 y no con la 18/1981 (07, 19.00-35.9). Leídos hoy en local: Ley 39/2015, arts. 47.1 y 53.2.b; Ley 40/2015, art. 3.1.e; Ley General Tributaria, art. 224.1; STC 76/1990, FJ 8]

Cargo 21. La palabra de la autoridad hace prueba

La presunción: «Que lo que anota un agente con condición de autoridad es cierto».

La vara.

• La ley de Dios: «No valdrá un testigo contra ninguno […] En el dicho de dos testigos, ó en el dicho de tres testigos consistirá el negocio» (Dt 19:15)^◦prueba ✔.
• Las tradiciones: aunque todo el pueblo diga que alguien merece la muerte, primero hay que examinarlo (Mencio; 3.2, P7). Y el castigo no es un negocio: «quien cobra por juzgar, sus sentencias son nulas» (Mishná, Bejorot 4:6; 3.2, P8).
• Su propia ley: los documentos de los funcionarios con condición de autoridad «harán prueba de éstos salvo que se acredite lo contrario» (Ley 39/2015, art. 77.5)^◦prueba ✔: es el ciudadano quien tiene que demostrar que no es así (5.2). Lo mismo vale para las diligencias de la inspección de Hacienda (7.6).

Dónde está probado: la presunción (5.2, planta 4), la palabra del inspector (7.6), la medida que sanciona (8.5) y las multas que se presupuestan (9.1).

La pregunta: ¿por qué basta la palabra de un agente para tener un hecho por cierto, y es el ciudadano quien tiene que probar lo contrario?

Los contrapuntos de la obra:

1. Con su propia ley. En todo procedimiento sancionador, la ley reconoce también al ciudadano «la presunción de no existencia de responsabilidad administrativa mientras no se demuestre lo contrario» (cargo 20). Las dos presunciones conviven, y quien tiene que acreditar lo contrario es el ciudadano (art. 77.5). Y la palabra del agente tiene un límite que puso el Constitucional: vale para «los hechos comprobados directamente por el funcionario», no para «las calificaciones jurídicas, los juicios de valor o las simples opiniones» (7.6).
2. La medida que sanciona. El Supremo exige que el aparato que mide para sancionar pase control metrológico, y fijó el margen de error de los radares (8.5). El Tribunal Superior de Madrid anuló la Zona de Bajas Emisiones por la «patente insuficiencia del informe de impacto económico» (7.5), y el Supremo dejó firme la anulación (8.5). La palabra de la autoridad no basta cuando se la examina.
3. Quien anota trabaja para quien cobra. La multa también es un ingreso presupuestado: el Ayuntamiento de Madrid previó 211,4 millones de euros por multas de circulación en 2024 y reconoció 220,2, un 4,1 % más; en 2023, un 7,1 % más (9.1). Las tradiciones separaron el castigo del negocio: Juan el Bautista dijo a los recaudadores «No exijáis más de lo que os está ordenado» (Lc 3:13), y Mencio pedía ser «parco en castigos y multas» (3.2, P8).

Dónde aguanta: la presunción admite prueba en contra, y por eso el Constitucional no vio en el valor de las actas una quiebra de la presunción de inocencia (STC 76/1990, FJ 8). Los tribunales han exigido control a los aparatos y anularon la Zona de Bajas Emisiones. Y la seguridad vial es un fin real.

Límite honesto: la obra no prueba que los agentes anoten en falso, ni que lo recaudado de más se deba a un afán de recaudar: es un incentivo que pone el diseño, no una intención probada (11.2, n.º 15).

La última palabra: ante la ley de Dios, la verdad ya ha sido expuesta. Ante la ley natural, la verdad ya ha sido expuesta. Ante la costumbre, la verdad ya ha sido expuesta. Ahora, con tus propias reglas y con las normas con que te construiste, tienes la palabra: tienes la oportunidad de defenderte en verdad.

Respuesta de la institución: pendiente; se registrará la respuesta o el silencio.

[37.00-30.1 a 30.8, con Dt 19:15 en la Reina-Valera Antigua; 00.2-12.5 a 12.8, «el castigo no es un negocio» con los textos de 3.2, P8; 20.00-35.14 y 35.15, la Zona de Bajas Emisiones con lo que dice 7.5; 22.00-13.10 y 13.11, sin «la del ciudadano debería prevalecer»: el Constitucional dijo que conviven. La STC 76/1990, FJ 8, leída hoy en local]

Cargo 22. La transparencia

La presunción: «Que todo se publica».

La vara.

• La ley de Dios: «Porque nada hay encubierto, que no haya de ser descubierto; ni oculto, que no haya de ser sabido» (Lc 12:2)^◦prueba ✔. Y al administrador: «Da cuenta de tu mayordomía» (Lc 16:2; 5.2).
• Las tradiciones: fuera de toda religión, Espinosa ligó el Estado a la libertad: «El fin del Estado es, pues, en verdad, la libertad» [original: «Finis ergo Reipublicae revera libertas est»] (Espinosa, Tratado teológico-político, 1670, cap. XX)^◦prueba ·. Y en palabras del autor: «si ves todo lo que hay, puedes decidir por ti mismo» (8.5).
• Su propia ley: «Todas las personas tienen derecho a acceder a la información pública» (Ley 19/2013, art. 12)^◦prueba ✔. La ley obliga a publicar cada dato; nadie está obligado a publicar la suma (8.6).

Dónde está probado: lo que se publica y lo que no (5.1, n.º 21), el muro de opacidad (8.6), las omisiones (8.5) y la transparencia de la Corona (7.2, n.º 7).

La pregunta: ¿cuánto cobraron en total en 2025 los altos cargos, los asesores y los cargos electos de todas las administraciones?

Los contrapuntos de la obra:

1. Con su propia ley. Se publica cada dato, nunca la suma. Los altos cargos, en 23 ficheros sin un total y con un tope de 1.000 registros por consulta; lo que cobran los cargos de las comunidades y los ayuntamientos exigiría consultar una a una más de 8.000 entidades; los asesores de los ministerios, 959, son un mínimo, y solo consta el coste de los de la Presidencia del Gobierno, 18,03 millones al año; no se separa lo que las administraciones cotizan por su propio personal, ni el sueldo de militares y policías del resto de su ministerio; y los Presupuestos no separan las prestaciones de los exparlamentarios (8.6).
2. La Corona, a medias. La ley alcanza a la Casa del Rey solo «en relación con sus actividades sujetas a Derecho Administrativo» (art. 2.1.f), y la declaración de bienes de su personal la fija un real decreto propio, no una ley (7.2, n.º 7).
3. Las omisiones del Estado se corrigen tarde. La franquicia puede ser una opción, pero adoptar la directiva no: la Comisión Europea llevó a España ante el Tribunal de Justicia por no adoptar sus disposiciones (7.5), y es «el único Estado miembro que no lo ha hecho» (8.5). Para ver el código del programa que decide quién recibe el bono social de la luz hicieron falta más de seis años, desde el Consejo de Transparencia hasta el Supremo (8.5). Y en la gasolina, el Tribunal de Justicia de la UE declaró contrario a la directiva el tramo autonómico del impuesto, y el Supremo solo abrió la puerta a reclamar: una victoria de acceso, no de cobro (8.5). El silencio del ciudadano se castiga solo; el del sistema hay que perseguirlo (8.5).
4. Contar lo que hace, sí; sumar lo que cobra, no. El gasto del Estado en campañas institucionales pasó de 25,9 millones de euros en 2019 a 88,1 millones en 2025 (8.5), y la suma de lo que cobran sus cargos no se publica (8.6).

Dónde aguanta: hay ley, portal y derecho de acceso para todos, y los datos sueltos se publican; las cuentas de la Casa del Rey están auditadas; el gasto en publicidad se publica, y que sea un abuso no lo ha certificado nadie (8.5); y las omisiones las acabaron corrigiendo los tribunales y la Comisión.

Límite honesto: la obra no ha podido sumar lo que no se publica sumado, y no prueba que se oculte a propósito: la suma no está prohibida; solo no es obligatoria (8.6; 11.2, n.º 15). La plantilla civil de la Casa del Rey sí se publica (161 puestos de funcionarios a 1-X-2026, en la relación de puestos del Ministerio de la Presidencia); pero ni el presupuesto ni las cuentas de la Casa dicen cuántas personas trabajan en ella. Su coste total no tiene cifra oficial: un informe académico calcula unos 105 millones de euros, con datos de 2021 (C.2).

La última palabra: ante la ley de Dios, la verdad ya ha sido expuesta. Ante la ley natural, la verdad ya ha sido expuesta. Ante la costumbre, la verdad ya ha sido expuesta. Ahora, con tus propias reglas y con las normas con que te construiste, tienes la palabra: tienes la oportunidad de defenderte en verdad.

Respuesta de la institución: pendiente; se registrará la respuesta o el silencio.

[37.00-32.1 a 32.7, con Lc 12:2 en la Reina-Valera Antigua; 00.00-6.8, Espinosa traducido de su latín (c9h), sin Kant y la publicidad: sin fila; 00.1-6.1 a 6.4 y 00.2-21.1 a 21.4, sin la nota del rescate del Banco de España ni la plantilla de la Casa del Rey: sin fuente leída; 15.00-17.14 y 17.15; 20.00-35.12 y 35.13, la auditoría de 2025 con su fila (c9e), sin los 105 millones de un estudio privado: anexo C; 20.00-35.18 y 35.19, sin los 990,8 millones ni «la cifra más alta en casi dos décadas»: sin fuente leída, y sin la comparación con el Reino Unido y Francia: sin fila; 20.00-35.20 y 35.21, BOSCO con «más de seis años» (07, 09.00-7.3) y la gasolina con lo que dice 8.5; 34.00-13.10 y 13.11. La Ley 19/2013, arts. 2.1.f y 12, leída hoy en local. Las omisiones son la defensa que el capítulo 8 promete oír aquí]

Cargo 23. La «vejez»

La presunción: «Que la partida de vejez son los jubilados que cotizaron».

La vara.

• La ley de Dios: «Delante de las canas te levantarás, y honrarás el rostro del anciano» (Lv 19:32)^◦prueba ✔.
• Las tradiciones: Mencio acusaba a los gobernantes de que «roban al pueblo su tiempo, de modo que no puede arar para alimentar a sus padres» (3.2).
• Su propia ley o el dato: la partida de vejez del gasto público, 165.050 millones de euros en 2024, mezcla las pensiones de la Seguridad Social, pagadas sobre todo con cotizaciones, con las de los funcionarios del Estado, las Clases Pasivas, pagadas con los Presupuestos (8.6). Y la protección social cuenta también unos 16.400 millones de gestión, la maquinaria que la administra (5.1, n.º 23).

Dónde está probado: la partida de vejez (5.1, n.º 23) y a dónde va cada euro (8.6).

La pregunta: ¿cuánto de la partida de vejez corresponde a la Seguridad Social, cuánto a Clases Pasivas y cuánto a gestión?

Los contrapuntos de la obra:

1. Con su propia ley. Las dos pensiones no salen del mismo sitio: las de la Seguridad Social, de las cotizaciones de quienes trabajan hoy, en un sistema de reparto; las de Clases Pasivas, de los Presupuestos, es decir, de los impuestos (8.6). Una sola cifra las suma y oculta la diferencia.
2. No pesan lo mismo. Las pensiones de Clases Pasivas son, como mínimo, 740.431: el 6,6 % de las pensiones de los dos sistemas, que se llevan el 10,9 % de lo que se paga. Su media es 1,7 veces la del jubilado del trabajo privado (8.6; los porcentajes, cálculo de la obra con sus cifras).
3. La maquinaria cuenta como gasto social. Nueve de cada diez euros de la protección social son prestaciones; unos 16.400 millones son gestión (5.1, n.º 23).

Dónde aguanta: la clasificación por funciones es la común, y las pensiones de los funcionarios son pensiones de vejez de verdad. La obra no discute que se paguen: pide que se separe de dónde sale cada una.

Límite honesto: Clases Pasivas es un mínimo: los empleados públicos que ingresaron desde 2011, el personal laboral y casi todos los funcionarios autonómicos y locales se jubilan por la Seguridad Social, y las estadísticas no los separan (8.6). Y la comparación de medias es en bruto, sin corregir la carrera ni lo cotizado.

La última palabra: ante la ley de Dios, la verdad ya ha sido expuesta. Ante la ley natural, la verdad ya ha sido expuesta. Ante la costumbre, la verdad ya ha sido expuesta. Ahora, con tus propias reglas y con las normas con que te construiste, tienes la palabra: tienes la oportunidad de defenderte en verdad.

Respuesta de la institución: pendiente; se registrará la respuesta o el silencio.

[37.00-34.1 a 34.8, con Lv 19:32 en la Reina-Valera Antigua; 00.1-6.9 a 6.12; 00.2-21.5 a 21.8; el 6,6 % y el 10,9 %, cálculo de la obra con las pensiones y las medias de 8.6 (c5)]

Cargo 24. La separación de poderes y los controles

La presunción: «Que los poderes están separados y se frenan unos a otros».

La vara.

• La ley de Dios: «No recibirás presente; porque el presente ciega á los que ven, y pervierte las palabras justas» (Ex 23:8)^◦prueba ✔. Lo que ata a quien juzga con una de las partes le quita la vista y tuerce la justicia: por eso quien juzga no debe deber su puesto a quien tiene que juzgar.
• Las tradiciones: el derecho romano ya decía que nadie debe «ser juez de sí mismo ni dictarse el derecho a sí mismo» (Código de Justiniano 3.5.1; 1.7). Y Mencio: «si un señor pone en peligro los altares del Estado, se le sustituye» (3.2, P1).
• Su propia ley o el dato: los jueces son «independientes, inamovibles, responsables y sometidos únicamente al imperio de la ley» (Constitución, art. 117.1)^◦prueba ✔. El diseño viene de Montesquieu: «que el poder frene al poder» (6.5). Y se mide: cuando hubo una extralimitación real, otro poder la corrigió en el 26,32 % de los casos del organigrama del poder y en el 4,65 % de los del bien común (7.4).

Dónde está probado: quién elige a los controladores (6.4); la separación de poderes (6.5); el gobierno de los jueces, el amparo y el freno que funcionó (7.2, n.º 2, 3 y 15); el matrimonio, la prisión permanente y el Defensor del Pueblo (7.3, n.º 4, 5 y 9); y el freno, medido (7.4).

La pregunta: ¿qué garantiza la independencia de un órgano de control cuyos miembros eligen los partidos a los que controla?

Los contrapuntos de la obra:

1. Con su propia ley. La Constitución quiere jueces independientes (art. 117.1), y que doce de los veinte vocales del Consejo General del Poder Judicial sean «entre Jueces y Magistrados» (art. 122.3; 7.2, n.º 2). Hoy los veinte los designan las Cortes (6.4), igual que a los doce consejeros del Tribunal de Cuentas y a ocho de los doce magistrados del Constitucional, por tres quintos; otros dos los propone el Gobierno (6.4). Y el Fiscal General del Estado lo nombra el Rey «a propuesta del Gobierno» (Constitución, art. 124.4)^◦. No son diseños distintos, sino uno, repetido: quien debe ser controlado elige a quien lo controla (6.4).
2. El propio Constitucional lo advirtió. Al avalar la reforma de 1985 escribió que «La lógica del Estado de partidos empuja a actuaciones de este género», y que el riesgo «parece aconsejar su sustitución, pero no es fundamento bastante para declarar su invalidez» (STC 108/1986, FJ 13; 6.4). El Consejo estuvo cinco años y medio con el mandato caducado, de diciembre de 2018 a junio de 2024, y el GRECO llamó a ese bloqueo «un asunto de preocupación crítica» (7.2, n.º 2). En el mismo informe constató: «Las autoridades de España no han comunicado ninguna novedad» [original: «The authorities of Spain have not reported any new development»] (GRECO, Cuarta Ronda, segunda adenda al segundo informe de cumplimiento, 2024)^◦prueba ✔.
3. El dinero de los partidos. Quien lo fiscaliza, el Tribunal de Cuentas, lo eligen las Cámaras, es decir, los partidos; y si un partido sancionado recurre ante el Supremo, «la interposición del recurso suspenderá automáticamente la ejecución» (6.4).
4. De qué lado cae el freno. En lo que afecta al ciudadano, otro poder corrigió 2 de 43 extralimitaciones reales; en el organigrama del poder, 10 de 38 (7.4). El freno actúa más de cinco veces más a menudo cuando el poder se controla a sí mismo que cuando protege al ciudadano.
5. La puerta del ciudadano es estrecha. En 2025, de 9.089 recursos de amparo se admitieron 59 (5.1, n.º 19). La primera causa de inadmisión, en 5.401 casos, el 57,8 % (Tribunal Constitucional, Memoria 2025)^◦, fue la falta de «especial trascendencia constitucional» (7.2, n.º 3): un filtro que no está en la Constitución, sino en la ley que el propio sistema escribió. Y las providencias de inadmisión «especificarán el requisito incumplido» (Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, art. 50.3)^◦prueba ✔: el ciudadano sabe qué requisito falló, no por qué su derecho no tenía trascendencia.
6. Los frenos que no muerden. Si la Administración no responde al Defensor del Pueblo, la consecuencia es que la nombre en su informe (7.3, n.º 9). Cuando es el ciudadano quien no responde a la Administración, llegan el recargo y el embargo, sin juez (cargo 13). Y cuando los tribunales resuelven, a veces tardan: la ley que amplió el matrimonio se avaló siete años después del recurso (7.3, n.º 4); la prisión permanente revisable, con un voto particular de tres magistrados (7.3, n.º 5).

Dónde aguanta: el freno existe y a veces funciona. El Constitucional anuló en parte la ley de amnistía y avaló una ley que amplió un derecho; la auditoría cuenta doce correcciones reales del poder (7.4); el consejero del Tribunal de Cuentas renuncia a su escaño; y el Consejo se renovó en 2024. La obra lo concede: el sistema todavía se frena a sí mismo alguna vez, y no es un mecanismo vaciado del todo (7.2). Pero un freno que funciona a veces no cambia la asimetría de conjunto: el cobro, blindado; el deber, aplazado (7.6).

Límite honesto: la obra no prueba que los controladores elegidos por las Cámaras decidan a favor de quien los eligió. Prueba quién los elige y de qué lado cae el freno cuando actúa (7.4). Y un patrón no prueba una intención (11.2, n.º 15).

La última palabra: ante la ley de Dios, la verdad ya ha sido expuesta. Ante la ley natural, la verdad ya ha sido expuesta. Ante la costumbre, la verdad ya ha sido expuesta. Ahora, con tus propias reglas y con las normas con que te construiste, tienes la palabra: tienes la oportunidad de defenderte en verdad.

Respuesta de la institución: pendiente; se registrará la respuesta o el silencio.

[clasificación de las defensas, sección 4, cargo nuevo 24; 00.1-4.26 a 4.30, la defensa del amparo que el capítulo 5 promete oír aquí; 10.00-18.10 y 18.11, sin los 40 decretos-leyes frente a 74 leyes (van las cifras de la CEOE en el cargo 12) y con el Fiscal General por el texto del art. 124.4; 13.00-13.2, 13.3, 13.6, 13.7, 13.10 y 13.11, el Tribunal de Cuentas que el capítulo 6 promete oír aquí, sin «ninguno de los grandes casos de corrupción surgió de sus fiscalizaciones» ni los cuatro magistrados del Constitucional con el mandato caducado desde diciembre de 2025: sin fila; 15.00-17.4 a 17.7, sin la «mediación europea» ni la reforma fracasada en febrero de 2025: sin fila; el 57,8 % y «ninguna novedad», con su fila (c7b: Memoria 2025 del Tribunal Constitucional y GRECO 2024); 15.00-17.30 y 17.31, el freno que funcionó, que el capítulo 7 promete oír aquí; 16.00-13.6, 13.7, 13.10 y 13.11, con «un voto particular de tres magistrados» de 7.3; 18.00-7.8 y 7.9. Ex 23:8 entero en la Reina-Valera Antigua (c3; 3.2 cita solo la primera mitad), a petición de Kiko, para que la vara hable también de la justicia. Leídos hoy en local: Constitución, arts. 117.1 y 124.4; Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, art. 50.3, que la fila del registro atribuía a la Constitución]

Cargo 25. La carga

La presunción: «Que cada uno contribuye según su capacidad, y no más».

La vara.

• La ley de Dios: a los recaudadores, Juan el Bautista: «No exijáis más de lo que os está ordenado» (Lc 3:13; 3.2, P8). Y cuando Roboam respondió al pueblo «Mi padre agravó vuestro yugo, pero yo añadiré á vuestro yugo», el reino se dividió (1 R 12:14-16; 3.2, P2).
• Las tradiciones: «sé como el florista, rey», que cuida la planta, y no como el carbonero, que la quema (Mahabharata 12.72; 3.2, P2). La misma tradición describe la trampa: subir la carga «como quien va aumentando poco a poco la carga de un novillo» (Mahabharata 12.89; 3.2, P2). Y Mencio rechaza también el impuesto demasiado bajo: el principio es la medida justa, no «cuanto menos, mejor» (3.2, P2).
• Su propia ley: «Todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad que, en ningún caso, tendrá alcance confiscatorio» (Constitución, art. 31.1)^◦prueba ✔.

Dónde está probado: la carga, con sus tres perfiles (8.4); lo que se lleva de cada jornada (8.3); las creencias sobre las cotizaciones y la presión fiscal (5.1, n.º 3 y 4); el límite de lo confiscatorio y las capas (7.6); quién sostiene a quién (8.6); y la carga que sube desde 1995 (9.1).

La pregunta: ¿cuál es el límite de la carga total que soporta el trabajo de una persona, sumadas todas las administraciones, y quién lo mide?

Los contrapuntos de la obra:

1. Con su propia ley. La Constitución pide contribuir según la «capacidad económica» y prohíbe el «alcance confiscatorio» (art. 31.1). Pero el único umbral concreto que ha fijado el Constitucional es el de la plusvalía: es confiscatorio pagar más de lo «realmente obtenido» (STC 126/2019; 7.6); y él mismo admitió «la dificultad de situar con criterios técnicamente operativos la frontera» (STC 150/1990; 7.6). Para la carga total sobre el trabajo no hay ningún límite fijado. Y la plusvalía se anuló solo hacia delante: lo cobrado y firme no se devolvió (5.1, n.º 9).
2. La cifra que se publica no es la carga de nadie. La presión fiscal es una media sobre toda la economía (8.4). Medida sobre lo que cuesta el trabajo de un asalariado medio, al menos 41 de cada 100 euros van a cotizaciones e IRPF, y hasta 53,6 con todas las capas (8.4): de cada jornada de ocho horas, 3 horas y 19 minutos (8.3). La nómina no enseña la cotización de la empresa: 9.243 euros sobre un salario bruto de 30.237 (8.4). De los 223.612 millones de cotizaciones de 2025, 161.409 los pagan los empleadores, y entre ellos las propias administraciones, con impuestos (5.1, n.º 3). Y la pensión prometida se paga en un sistema de reparto: la de quien cotiza hoy dependerá de quienes coticen después (8.6; cargo 15).
3. La carga ha subido. Impuestos y cotizaciones eran el 32,3 % del PIB en 1995 y el 37,3 % en 2024: unas 18 jornadas más de cada año (9.1).
4. Nadie suma las capas. El mismo patrimonio paga al ganarlo, cada año, al heredarlo y si sube de valor, sin coordinación entre administraciones (7.6); se publica cada dato, nunca la suma (8.6). Cumplir cuesta, además: gestores, asesores y abogados, que ninguna fuente oficial suma (8.4), y una asociación de autónomos cifra sus trámites en 226 horas al año (8.4), y para el asalariado no se ha encontrado ningún estudio del tiempo de atender las cartas del Estado, recoger notificaciones en Correos o ir al ayuntamiento (8.4). Y la cita previa obligatoria convierte en barrera la ayuda que la ley promete: el Defensor del Pueblo recomendó admitir escritos sin ella (8.4).
5. El autónomo lo paga todo. No tiene empresa que cotice por él: con la base más baja paga 2.470,56 euros al año, aunque gane poco (8.4).
6. Quién sostiene a quién. Al asalariado se le puede despedir con una indemnización tasada; al funcionario de carrera, solo por falta muy grave o condena; al parlamentario, nadie durante su mandato (8.6). Los representantes fijan su asignación (art. 71.4; 7.2): un senador de fuera de Madrid cobra unos 78.555 euros al año, y el salario medio en el sector privado es de 22.962 (8.6). Las pensiones de Clases Pasivas son el 6,6 % de las de los dos sistemas y se llevan el 10,9 % de lo que se paga (cargo 23).

Dónde aguanta: la presión fiscal de España está por debajo de la media de la UE, y la pensión que promete es alta en comparación (8.4). El límite de lo confiscatorio existe, y funcionó una vez (7.6). La ley deja a las personas físicas elegir no relacionarse con la Administración por medios electrónicos (8.4). Y el autónomo tiene una cuota reducida durante los doce meses naturales siguientes al alta (Ley 20/2007, art. 38 ter)^◦; su cuantía la fija cada ley de presupuestos, y los 80 euros al mes solo constan, en la Ley 31/2022, para quienes se dan de alta en Cuenca, Soria y Teruel, durante 36 meses (Ley 31/2022)^◦. Y las comparaciones entre lo público y lo privado son en bruto (8.6).

Límite honesto: las capas 2 a 5 de la carga son estimaciones y una hipótesis, y las 226 horas son el dato de una asociación del sector (8.4). Que la suma sea «servidumbre», en el sentido estricto de la palabra, excede lo que prueban los datos (8.4). La obra mide la carga; no prueba que se busque (11.2, n.º 15).

La última palabra: ante la ley de Dios, la verdad ya ha sido expuesta. Ante la ley natural, la verdad ya ha sido expuesta. Ante la costumbre, la verdad ya ha sido expuesta. Ahora, con tus propias reglas y con las normas con que te construiste, tienes la palabra: tienes la oportunidad de defenderte en verdad.

Respuesta de la institución: pendiente; se registrará la respuesta o el silencio.

[clasificación de las defensas, sección 4, cargo nuevo 25; 00.1-2.10 a 2.17, la defensa de las cotizaciones y de la presión fiscal que el capítulo 5 promete oír aquí, con el 37,3 % de 2024 (8.4) en lugar de «en torno al 38 %»; 21.00-14.2, 14.3 y 14.8 a 14.11, con la cuota reducida del art. 38 ter y sin los 80 euros salvo en Cuenca, Soria y Teruel, sin la gestoría de 700 a 1.500 euros (no entra: cifras revisadas del 11) y sin las 259 normas (van las 894 de 2024, cargo 8); 22.00-13.6 a 13.9, con Laozi, cap. 57, ya en el cargo 8; 34.00-13.4 y 13.5, con el 6,6 % y el 10,9 % rehechos con las cifras de 8.6 (cargo 23), sin «parte exentos de impuestos»: sin fila; y la defensa de que el sueldo público es mayor por la cualificación, con lo que dice 8.6 (comparación en bruto). Lc 3:13 y 1 R 12:14 en la Reina-Valera Antigua (3.2). Leídos hoy en local: Constitución, arts. 31.1 y 133]

Cargo 26. La responsabilidad

La presunción: «Que el Estado responde de los daños que causa, como cualquiera».

La vara.

• La ley de Dios: quien retuvo lo que se le confió «lo restituirá, pues, por entero, y añadirá á ello la quinta parte» (Lv 6:4-5; 5.2). La reparación es entera, y algo más.
• Las tradiciones: «Nadie cargará con la carga ajena» (Corán 6:164; 3.2, P7): cada uno responde de lo suyo.
• Su propia ley: la Constitución garantiza «la responsabilidad y la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos» (Constitución, art. 9.3)^◦prueba ✔, y el derecho a ser indemnizado «por toda lesión» que sea consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos (art. 106.2; 10.6).

Dónde está probado: el derecho a compensación, en sus cinco frentes y hasta el legislador (10.6); la responsabilidad personal, como es (10.4); la institución fuera del Código Penal y del concurso (11.2, n.º 17); y los aforados y el algoritmo del bono social (8.5).

La pregunta: ¿cuántas veces ha exigido la Administración a su personal lo que pagó por un daño causado con dolo o culpa grave, y dónde se publica?

Los contrapuntos de la obra:

1. Con su propia ley, los plazos. El ciudadano tiene un año: «El derecho a reclamar prescribirá al año de producido el hecho o el acto que motive la indemnización» (Ley 39/2015, art. 67.1)^◦prueba ✔. Y si la Administración no contesta en seis meses, «podrá entenderse que la resolución es contraria a la indemnización del particular» (Ley 39/2015, art. 91.3)^◦prueba ✔: su silencio juega contra quien reclama, que tiene que ir entonces a los tribunales.
2. La justicia decide si la justicia se equivocó. La reclamación por error judicial «deberá ir precedida de una decisión judicial que expresamente lo reconozca», y la acción para obtenerla se pide «inexcusablemente en el plazo de tres meses» (Ley Orgánica del Poder Judicial, art. 293.1)^◦prueba ✔. El simple retraso no basta (10.6). Y cuando el anormal es el Constitucional, la indemnización la fija el Consejo de Ministros (Ley 40/2015, art. 32.8; 10.6): el Gobierno decide lo que se paga.
3. ¿Quién responde? Por el daño de un servicio público, el ciudadano reclama a la Administración, no al empleado (Ley 40/2015, art. 36.1; 10.4), y si la Administración repite después contra quien actuó con dolo o culpa grave, lo decide ella misma (art. 36.2). La institución queda fuera del Código Penal y del concurso, y 17.603 cargos están aforados (11.2, n.º 17; 8.5). El daño lo paga el conjunto de los contribuyentes.
4. Las vías son lentas; el cobro, no. En 2025, el Constitucional admitió 59 de 9.089 recursos de amparo (5.1, n.º 19), mientras el cobro de la Administración es inmediato y con recargo (cargo 13).
5. El mandato sin cumplir. Una asociación profesional de la Guardia Civil tuvo que acudir al Tribunal Supremo para que la Administración desarrollara por reglamento el art. 30.2 de la LO 11/2007, «reformado por la Ley Orgánica 9/2015, de 28 de julio»: la STS 291/2022, de 8-III-2022, la condenó a «iniciar el desarrollo reglamentario», no a terminarlo; el mandato era de 2015, y habían pasado unos siete años (STS 291/2022, de 8-III (recurso 183/2021))^◦.
6. Sin ver el programa, no hay daño que probar. La Administración decide con un programa, BOSCO, quién recibe el descuento en la luz de los hogares vulnerables, y conocer su código costó más de seis años de pleitos (8.5). Si no se sabe cómo decide un programa, es difícil probar que causó un daño.

Dónde aguanta: en este frente la ley pide más al Estado que a los particulares: responde sin que nadie pruebe su culpa, y la obligación alcanza hasta el legislador y el Constitucional (10.6). La obra lo concede: no todas las asimetrías juegan contra el ciudadano. Y las vías existen, con letra clara: son el mapa de lo que el propio ordenamiento ya permite (10.4).

Límite honesto: la obra no tiene ninguna cifra de cuántas veces repite la Administración contra su personal, y no afirma que no lo haga: por eso lo pregunta. El camino para reclamar es estrecho, pero existe (10.6).

La última palabra: ante la ley de Dios, la verdad ya ha sido expuesta. Ante la ley natural, la verdad ya ha sido expuesta. Ante la costumbre, la verdad ya ha sido expuesta. Ahora, con tus propias reglas y con las normas con que te construiste, tienes la palabra: tienes la oportunidad de defenderte en verdad.

Respuesta de la institución: pendiente; se registrará la respuesta o el silencio.

[clasificación de las defensas, sección 4, cargo nuevo 26; 09.00-7.6 y 7.7, la defensa que el capítulo 2 promete oír aquí, sin las «fianzas» de la afirmación (no están ancladas en la edición), sin «no se ha localizado publicada ninguna estadística» (sin fila: va como pregunta y como límite honesto); 31.00-8.2 a 8.11, con las citas de las Leyes 39/2015 (arts. 67.1 y 91.3) y LOPJ (art. 293.1) desde su fila del registro, sin «considerablemente cercenado» ni «muy difícil su aplicación en la práctica» (flecos: sin autor ni título), sin que la directiva incluya programas e inteligencia artificial (sin fila) y con los «más de seis años» de BOSCO en lugar de «siete años de litigio» (07, 09.00-7.3); la lectura de Kiko «¿quién es el responsable que dé la cara?» (libreta 75, 7 bis n.º 9, material de Kiko para la parte 2), con los hechos de 11.2, n.º 17. Lv 6:4-5 en la Reina-Valera Antigua (5.2). Leído hoy en local: Constitución, art. 9.3]

Cargo 27. El diseño legal que enfrenta a la gente

La presunción: «Que la ley protege por igual a todas las partes».

La vara.

• La ley de Dios: «El primero en su propia causa parece justo; Y su adversario viene, y le sondea» (Pr 18:17; 11.1). Antes de decidir, se oye a las dos partes.
• Las tradiciones: «Si un malvado os trae una noticia, examinadla bien, no sea que lastiméis a gente por ignorancia» (Corán 49:6; 3.2, P7). Y Mencio: aunque todo el pueblo pida un castigo, primero hay que examinar (3.2, P7).
• Su propia ley: «Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social» (Constitución, art. 14)^◦prueba ✔. Y rige la presunción de inocencia (art. 24.2; cargo 20).

Dónde está probado: el diseño legal que enfrenta a la gente, en sus seis frentes (7.7); y la ocupación, con su cifra (10.7).

La pregunta: ¿con qué prueba se decide, en el primer momento, quién se queda en una vivienda, quién recibe una orden de protección y quién deja de ver a sus hijos, y cómo se repara si se decidió mal?

Los contrapuntos de la obra:

1. Con su propia ley. El Convenio obliga a prohibir «los modos alternativos obligatorios de resolución de conflictos, incluidas la mediación y la conciliación» (Convenio de Estambul, art. 48.1)^◦prueba ✔: los obligatorios. La ley española va más allá: «está vedada la utilización de los medios adecuados de solución de controversias» (Ley Orgánica del Poder Judicial, art. 89.9; 7.7, n.º 5), aunque las dos partes los quisieran. Es una decisión de diseño propia, no una exigencia del Convenio.
2. El fallo está en el primer momento. La letra protege al propietario, pero en el primer contacto policial hay que distinguir en minutos lo que un juzgado tarda meses en aclarar: en Torrejón de Ardoz fue la familia de la propietaria la que tuvo que salir del piso (7.7, n.º 1). Y la cifra de Interior no es el fenómeno completo: quien deja de pagar la renta y no se marcha es un asunto civil, y no entra en ella (10.7).
3. Decidir antes de saber. En 2024 se dictaron 4.155 suspensiones del régimen de visitas, decididas al principio del proceso, cuando la prueba suele limitarse a las declaraciones de las partes (7.7, n.º 6). Y la cifra de denuncias falsas mide también cuánto se persigue la denuncia falsa, y no solo cuántas hay; es una hipótesis sobre lo que no se mide, no un dato que la contradiga (7.7, n.º 3).

Dónde aguanta: en los tres frentes, la letra defiende a quien la crítica dice desprotegido: el propietario tiene la vía rápida; el denunciado, la audiencia y una tasa real de denegaciones; el progenitor investigado, el derecho a pedir que no se suspendan las visitas. Ninguna norma ordena tratar al propietario como intruso, y la letra no distingue por sexo (7.7).

Límite honesto: la obra no juzga a quien denuncia ni a quien es denunciado, ni pide menos protección para nadie: juzga un diseño que obliga a decidir deprisa, con la prueba todavía sin construir, y pide más prueba en el primer momento (7.7). Lo de Torrejón es un caso contado por la prensa, no una estadística (7.7). Y un diseño que enfrenta a la gente no prueba que nadie lo quisiera así (7.7; 11.2, n.º 15).

La última palabra: ante la ley de Dios, la verdad ya ha sido expuesta. Ante la ley natural, la verdad ya ha sido expuesta. Ante la costumbre, la verdad ya ha sido expuesta. Ahora, con tus propias reglas y con las normas con que te construiste, tienes la palabra: tienes la oportunidad de defenderte en verdad.

Respuesta de la institución: pendiente; se registrará la respuesta o el silencio.

[clasificación de las defensas, sección 4, cargo nuevo 27; 28.00-9.2 a 9.9, la ocupación y las visitas que el capítulo 7 promete oír aquí; la «falta de una cifra oficial» de 28.00-9.3, con lo que dice 10.7 (Interior cuenta los delitos, no el fenómeno completo); el Convenio de Estambul, art. 48.1, y su ratificación, desde su fila del registro (c9d, n.º 110, BOE-A-2014-5947); sin «parte de la doctrina la critica»: sin fila. Pr 18:17 en la Reina-Valera Antigua (11.1). Leído hoy en local: Constitución, art. 14]

Cargo 28. La economía real

La presunción: «Que las decisiones económicas se tomaron por el bien común».

La vara.

• La ley de Dios: «Por sus frutos los conoceréis» (Mt 7:16; 0.5). Y «Doble pesa y doble medida, Abominación son á Jehová ambas cosas» (Pr 20:10; 5.2).
• Las tradiciones: el rey debe dar al pueblo medios para que prospere (Kutadanta Sutta, Digha Nikaya 5; 3.2, P2).
• Su propia ley: «Toda la riqueza del país en sus distintas formas y sea cual fuere su titularidad está subordinada al interés general» (Constitución, art. 128.1; 7.2, n.º 5).

Dónde está probado: la industria, el campo y la vivienda (8.7); la deuda primero (7.2, n.º 4) y sus intereses (8.6); el salario real (cargo 10); y la vivienda (8.8).

La pregunta: ¿qué evaluación publicada midió después si la reconversión, las privatizaciones y las normas del campo sirvieron al interés general al que la Constitución subordina toda la riqueza del país?

Los contrapuntos de la obra:

1. La obra lo concede, y añade el coste. La pérdida venía de antes: entre 1977 y 1982 la industria perdió 600.000 empleos (8.7). Pero el coste lo pagaron comarcas enteras, y el mismo actor que levantó la industria pesada durante la autarquía la desmontó después (lectura del autor, 8.7).
2. Una venta se cobra una vez. Los ingresos de las privatizaciones entraron una sola vez, y la deuda siguió creciendo hasta tener «prioridad absoluta» en la Constitución desde 2011 (art. 135.3; 7.2, n.º 4): en 2024, sus intereses fueron 38.793 millones de euros (8.6).
3. El tamaño no es el bienestar. El puesto de España sube y baja según el año y la medida: octava en 2007, decimoquinta en 2024 y duodécima en 2025 (8.7). Y de 1993 a 2023 el salario medio real subió un 4,0 % en España, frente al 28,1 % en Francia y el 21,0 % en Alemania (cargo 10). Una vivienda cuesta 8,36 años de la renta bruta de un hogar mediano; y, en el ejemplo de un sindicato, parte interesada, un trabajador de la hostelería de Madrid necesitaría 58 años (8.8).
4. Dos medidas para el campo. Las muestras de fuera de la UE incumplían el 3,4 %, el triple que las de dentro, el 1,0 % (8.7). Según una organización ecologista, parte interesada, con los datos oficiales, el 9,63 % de los alimentos importados en España contenía plaguicidas no autorizados en la UE, frente al 4,70 % de los de aquí (8.7). Si se exige más a quien produce aquí que a quien importa, no es una sola medida: por eso las cláusulas espejo siguen en debate (8.7).

Dónde aguanta: la pérdida de empleo industrial empezó antes de la reconversión; las privatizaciones no son de un solo color político; lo que se controla en el campo europeo cumple en un 98 %; y el puesto de España volvió a subir en 2025 (8.7).

Límite honesto: la obra no prueba que estas decisiones se tomaran contra el bien común: mide sus frutos, y dice también los que no encajan (8.7). Que el puesto de España suba o baje no depende de una sola decisión, y la causa de la vivienda sigue abierta (8.8). Y un patrón no prueba una intención (11.2, n.º 15).

La última palabra: ante la ley de Dios, la verdad ya ha sido expuesta. Ante la ley natural, la verdad ya ha sido expuesta. Ante la costumbre, la verdad ya ha sido expuesta. Ahora, con tus propias reglas y con las normas con que te construiste, tienes la palabra: tienes la oportunidad de defenderte en verdad.

Respuesta de la institución: pendiente; se registrará la respuesta o el silencio.

[clasificación de las defensas, sección 4, cargo nuevo 28; 26.00-8.2 y 8.3, la reconversión que el capítulo 8 promete oír aquí, sin los 1,5 billones de pesetas y los 83.000 empleos (no entran: cifras revisadas del 11) ni los 430 días de Sagunto (flecos: sin descargar), y sin que la entrada en la Comunidad Europea exigiera el ajuste (sin fila); 26.00-8.4 y 8.5, los 25.564 millones con las dos cifras anuales de 8.7, sin «ayudaron a cumplir los criterios de entrada en el euro» (sin fila); 26.00-8.6 y 8.7, el salario real con la serie actual de la OCDE (07, 20.00-35.5); 26.00-8.8 y 8.9, con el 9,63 % de 8.7 en lugar de «en torno al 10 %». Pr 20:10 en la Reina-Valera Antigua (5.2)]