Capítulo 32 Primero el título

Lo de quién le había dado la vuelta a la estantería lo buscó como buscaba quién había tocado un coche antes de que llegara a su taller: por las marcas. Cada vez que alguien había puesto la ley escrita por encima de la costumbre, había dejado su firma.

Las marcas estaban. Para empezar, un emperador de Roma que en el año 319 decretó que la costumbre no vale tanto «como para vencer a la razón o a la ley». Después, el Estado de Qin, en la China del siglo III antes de Cristo. Un rey de Castilla, en Alcalá, en 1348, que guardó los fueros «salvo en aquello que nos falláremos que se deve mejorar e emendar». El código de Francia, en 1804: las «costumbres generales o locales […] dejan de tener fuerza de ley». El emperador de Austria, en 1811: la costumbre solo cuenta «en los casos en que una ley se remite a ella». El Código Civil español de 1889, que se blindó a sí mismo: «no prevalecerá contra su observancia el desuso, ni la costumbre o la práctica en contrario». Y el inglés del miedo, en 1651, para quien la costumbre vale por «la voluntad del soberano significada por su silencio».

Los puso en columna y miró quién firmaba cada uno. De los ocho que habían puesto la ley escrita arriba, siete tenían el poder de hacer las leyes, o escribían para quien lo tenía. Las excepciones también las apuntó: el octavo era el obispo de Sevilla de la noche antes, que no hacía leyes; y al revés, un jurista del emperador había defendido la costumbre. Siete de ocho.

Le vino a la cabeza la pregunta de esa tarde: al que escribe las leyes, quién lo aparta. La respuesta estaba escrita desde hacía mucho. En el año 376, otro emperador dejó dicho que nadie debe «ser juez de sí mismo ni dictarse el derecho a sí mismo». Y la ley de hoy, la que le había dictado Amparo, obliga a apartarse a quien tiene en el asunto «interés personal». A los de la ventanilla, sí. A los que escriben el Código, nadie.

Había más. En el orden antiguo, una ley escrita valía mientras el pueblo no se la retirara, con la costumbre contraria o dejándola caer en desuso: era una manera de decir que no, sin papeles. Los códigos del siglo XIX cerraron esa puerta por escrito. El motivo que dieron fue la seguridad jurídica, la misma palabra que Amparo había puesto encima de la mesa.

En «Lo que yo creo» escribió: «El que ganaba con el cambio fue el que lo hizo. Se nombró juez de su propia causa, y a eso le llamó seguridad».

Debajo, con la misma letra, lo que valía en contra: «La codificación trajo la igualdad ante la ley; eso lo ganó Amparo. Y un patrón no prueba una intención. Que lo hicieron, está escrito. Por qué, no».

El viernes por la noche quiso saber qué era una ley. No una ley concreta: qué tiene que tener algo para ser ley.

El fraile lo decía en una línea: «una ordenación de la razón al bien común, promulgada por quien tiene a su cargo la comunidad». Lo desmontó como desmontaba una hoja de inspección, en casillas: que sea obra de la razón; que se dirija al bien común; que la dicte quien tiene a su cargo la comunidad; que se dé a conocer. Cuatro condiciones, y ninguna sobraba. Un coche que no pasa una casilla no pasa la inspección, aunque pase las otras tres.

Luego, cómo nace una ley escrita de la natural. A veces se deduce: de no hacer mal a nadie sale no matar. Otras veces la natural solo marca la dirección: manda que quien hace el mal sea castigado, pero no dice con qué pena, y eso lo pone la ley de los hombres. Casi todo lo que hay en los códigos vivía en ese margen. Le gustó la idea: casi todo lo de los códigos era como la tornillería del taller, piezas que la ley natural no fija y que alguien tiene que elegir.

Y cuándo deja de serlo. El fraile citaba a un santo de los primeros siglos: «no parece ser ley la que no fuera justa». Y contaba tres maneras de ser injusta una ley de los hombres. Por el fin, la de la codicia, que ya había copiado el lunes. Por el autor, «cuando alguien dicta una ley más allá del poder que se le ha confiado». Y por la forma, «cuando las cargas se reparten de manera desigual entre la multitud, aunque se ordenen al bien común». De esas decía que «son más violencias que leyes». Las justas, en cambio, «obligan en el foro de la conciencia».

El propio Estado lo tenía escrito a su manera. Los jueces de hoy tienen un mandato: «no aplicarán los reglamentos o cualquier otra disposición contrarios a la Constitución, a la ley o al principio de jerarquía normativa». Y el Tribunal Supremo había dejado dicho, en 1999, que la ley y el reglamento «reciben del valor superior justicia su savia y su esencia». Eso último lo encontró citado en un diccionario de términos jurídicos, no en la sentencia, y lo apuntó así.

Después buscó la fuerza, y no la encontró en la lista. El Código Civil nombra tres fuentes del derecho: la ley, la costumbre y los principios generales. La fuerza no está, porque no crea nada: ejecuta lo que las fuentes ya han establecido. La ley de procedimiento lo dice sin rodeos: la Administración no puede empezar «ninguna actuación material de ejecución de resoluciones que limite derechos de los particulares sin que previamente haya sido adoptada la resolución que le sirva de fundamento jurídico». Lo escribió en grande en la libreta: «Primero el título, después la mano». Y cuando se hace al revés, tiene nombre, vía de hecho, y remedio: se le pide a la Administración que pare, «intimando su cesación», y si en diez días no hace caso, se va derecho al juez.

Gea se había quedado leyendo en el sofá. Se levantó a por agua y se paró detrás de él, con el vaso.

—Primero el título —leyó—. Muy bonito. Pero sin coacción, el derecho sería papel. Si el Estado no pudiera obligar, no se cumpliría ni una sentencia ni se cobraría un impuesto, y sin impuestos no hay hospital. Por eso sus actos valen desde que se dictan, y los puede ejecutar.

—En eso tienes razón. La fuerza hace falta. Lo que digo es el orden: primero el título, después la mano. Como en el taller: no desmonto un motor hasta que el cliente firma la orden.

—¿Y quién le da el título a Hacienda?

Él tardó en contestar.

—Hacienda. Sus actos se presumen válidos, y su apremio tiene la misma fuerza que una sentencia. El que ejecuta es el que se da el título. —Volvió a la columna de la noche anterior—. Juez de su propia causa, otra vez.

—Pero es legal.

—Es legal. Por eso lo apunto, y no lo desobedezco.

Gea le dio un trago al agua y se quedó mirando lo que tenía abierto en la mesa: el talonario de las facturas del taller, el que veía el gestor, y la libreta, por la parte de atrás, la de las averías raras.

—¿Y eso?

—Eso es lo que estaba pensando. —Puso una cosa al lado de la otra—. El talonario es lo del Estado: lo que vale ante Hacienda y ante un juez. La libreta es lo de la verdad: lo que llevo para mí, y lo que cualquiera puede leer si quiere. Las llevo a la vez. Lo que apunto en la libreta no me quita ni una factura del talonario.

—¿Y no se tocan nunca?

—Tienen puertas. —Fue contando con los dedos—. Los principios generales del derecho. Los derechos, que se leen con la Declaración Universal. Los tribunales de la costumbre, como el de los jueves. Y cambiar la Constitución por el camino que ella misma dice. Por ahí lo de la libreta entra en lo del talonario.

Gea dejó el vaso en la mesa, encima del talonario, y él lo quitó sin decir nada.

—Pues no mezcles la libreta con el talonario, que el gestor te mata —dijo, y se fue a la cama.

Ya tarde, le quedaba la pregunta que había empezado todo, la de Sofía: quién mandaba antes de los Estados. Ahora la veía de otra manera. No quién mandaba, sino con qué título.

Había dos clases de autoridad. La de las baldas de arriba, la ley de Dios y la natural, nadie la había dictado para su provecho: no tenía un autor que ganara con ella a costa de otro. Se reconocía porque coincidía en pueblos que, que se sepa, no se conocían y porque pasaba la vara. No se daba: se recibía. Esa la llamó original. La de las baldas de abajo, la costumbre y la ley escrita, la ponían las personas, y valía mientras servía a lo de arriba y al bien común. Esa la llamó derivada. Y apuntó al lado, para que no se le olvidara, que derivada no quería decir que se pudiera elegir si se cumplía: obliga mientras no se declare injusta por el camino que el propio derecho da.

Para saber si una autoridad derivada se había salido de lo suyo había una prueba de una sola pregunta, y era del taller: «¿es suyo lo que ofrece?». En el taller nadie vende un coche que no es suyo. Lo primero que se pide son los papeles, el título, y sin título no hay venta, por bien que suene el motor.

Lo encontró dicho en sitios que no tenían nada que ver. Un sabio de Egipto describía al que se pasa de los límites: dice «obtendré por mí mismo, para mí mismo», y no dice «obtendré porque se me permite». Aquello solo estaba en una traducción inglesa, y Sofía IA se lo pasó al castellano; lo apuntó así, traducido de una traducción. Un maestro chino contaba que un rey antiguo no le dio el trono a su sucesor, porque «El soberano no puede dar el trono a otro». Y enfrente, en el Evangelio, el que ofrece lo que no es suyo: después de enseñar «todos los reinos del mundo, y su gloria», dice: «Todo esto te daré, si postrado me adorares». No lo apuntó como dato. Lo apuntó como la señal de una oferta: el que no es dueño de lo que ofrece.

Y lo último, que lo tranquilizó: tres pueblos que, que se sepa, no se conocían decían del hombre lo mismo, que elige. En Persia: «Oíd con vuestros oídos las mejores cosas; miradlas con pensamiento claro, para decidir entre las dos Creencias, cada hombre por sí mismo». En la India: «Medita; y, como quieras, obra». Y un obispo de los primeros cristianos: «Dios hizo al hombre libre desde el principio, dueño de su propio poder». Coincidían en eso y en nada más: cuánta libertad hay no lo decían los tres, y lo dejó en «Aún no lo sé».

Pasó a limpio dos páginas. En la de «Las palabras», debajo de las de antes, puso las nuevas: el orden puesto por el hombre, que también es el orden invertido; la corrupción de la ley; las dos jurisdicciones; la autoridad original y la derivada. Y empezó una página nueva, «Las máximas», solo en castellano, con una regla arriba, subrayada: «Ninguna anula una ley con solo citarla». Debajo, las primeras: «la ley injusta no es ley»; «nadie puede ser juez en su propia causa»; «óigase a la otra parte», que era lo que había hecho el jueves con Amparo; «nadie da lo que no tiene»; «que las armas cedan ante la toga»; y, para que la página no le diera la razón solo a él, la del revés: «callan las leyes entre las armas».

Cerró la libreta. La niña le había preguntado quién mandaba antes de que hubiera Estados, y él tenía ya cuatro baldas, dos jurisdicciones y una pregunta de taller. Lo que no tenía era la respuesta que ella esperaba, y la niña no se iba a conformar con menos.