Capítulo 26 Crónica: Los papeles del consentimiento

En Inglaterra, en 1688, el rey había suspendido y disuelto el Parlamento. El 30 de junio, siete ingleses destacados escribieron a un príncipe de fuera para invitarle a venir, y en diciembre el rey huyó sin dar batalla. Al año siguiente, una Declaración de Derechos dejó escrito que el pretendido poder de suspender las leyes «sin consentimiento del Parlamento es ilegal», y también recaudar dinero para la Corona «sin concesión del Parlamento».

En 1690, un inglés publicó un tratado para asentar el trono del nuevo rey, «para hacer bueno su título en el consentimiento del pueblo». Escribió que antes de que hubiera gobierno la gente ya tenía sus derechos, la vida, la libertad y lo suyo, y que el pacto se hace para protegerlos y no para crearlos. Si el gobierno los viola, el pueblo recobra el derecho a resistirle.

En 1748, un francés escribió que, para que no se pueda abusar del poder, «es preciso que, por la disposición de las cosas, el poder frene al poder». Por esos mismos años, un escocés escribió que casi todos los gobiernos se fundaron en su origen «en la usurpación o en la conquista, o en ambas, sin ninguna pretensión de un consentimiento justo o de una sujeción voluntaria del pueblo».

En 1755, un pensador que escribía en francés puso el origen de la sociedad civil en el primero que cercó un terreno y dijo «esto es mío», y encontró a quien le creyera. En 1762 abrió su libro del contrato con esta frase: «El hombre ha nacido libre, y en todas partes está encadenado». En su pacto, cada uno se somete a la voluntad general. Y un padre puede decidir por su hijo mientras es pequeño, pero no darlo para siempre.

En 1776, en América, Virginia puso entre los derechos que se tienen al nacer «el goce de la vida y de la libertad, con los medios de adquirir y poseer propiedad». Semanas después, la Declaración de Independencia escribió que los gobiernos «derivan sus justos poderes del consentimiento de los gobernados». Entre los agravios contra su rey puso uno: «imponernos impuestos sin nuestro consentimiento».

En 1788, la separación de poderes pasó a las constituciones. Uno de los que defendían la de los Estados Unidos llamó al francés de 1748 el oráculo al que siempre se consulta en esa materia.

El 26 de agosto de 1789, en Francia, una Declaración de Derechos escribió: «Toda sociedad en la que la garantía de los derechos no está asegurada, ni la separación de poderes determinada, no tiene Constitución». Y puso entre los derechos naturales «la libertad, la propiedad, la seguridad y la resistencia a la opresión».

En 1793, un filósofo alemán escribió que el contrato originario no hay que suponerlo como un hecho: es «una mera idea de la razón». Ese mismo año, en Francia, los que gobernaban en nombre del pueblo apartaron una Constitución de derechos; la que pusieron en su lugar «nunca estuvo en vigor»; y en octubre se propuso que el gobierno provisional fuera «revolucionario hasta la paz».

El autor lo lee así: tomar de una idea la parte que da la razón al que manda y dejar la que lo frena no es solo cosa de entonces. Es la forma de la maniobra camuflada: el nombre dice «voluntad del pueblo», y el hecho dice otra cosa.