Parte 18 El turno de preguntas: las cifras y los cargos

Seguimos. Las manos que quedaban arriba traen cifras y cargos: los frutos, el dictamen, la auditoría y el juicio. El método es el mismo de antes, en tres pasos: lo que la obra concede, la respuesta empezando por la propia ley del Estado, y lo que no se sabe.

Adelante.

Ahora, una mujer que dice que es enfermera. En su hospital, dice, se atiende sin mirar la cartera. ¿Eso no es un fruto? Y añade dos cosas. Que los derechos sociales son principios, no derechos que se puedan exigir. Y que decir que el sistema ha creado los problemas es un salto.

Es un fruto, y la obra lo dice. Sanidad universal. Una pensión que la OCDE calcula en algo más del ochenta por ciento del salario, frente a algo más de la mitad en la media de la OCDE. Una esperanza de vida de ochenta y cuatro años. Y de cada cien euros del gasto público, sesenta y cuatro van a protección social, sanidad y educación.

Lo de los principios también es cierto. La Constitución dice que esos derechos «Sólo podrán ser alegados ante la Jurisdicción ordinaria de acuerdo con lo que dispongan las leyes que los desarrollen». Un principio no se reclama ante un juez por sí solo. La obra lo deja claro: «La obra mide si se cumple, no si se puede reclamar».

Y lo del salto, también. Es un salto, y por eso la obra lo marca como lectura del autor, separada de lo que arrojan los datos. Lo que arrojan es más modesto, y ya lo vimos: el problema no está en la gente.

¿Qué responde, entonces? Que no faltan recursos para todo por igual. Los intereses de la deuda de 2024 superaron lo que se gastó en defensa, vivienda y medio ambiente juntos. Y que el fruto que se ve no es el único. De 1993 a 2023, el salario medio real subió en España un cuatro por ciento. En Francia, un veintiocho. En Alemania, un veintiuno.

Y lo que no se sabe, la obra lo dice también. «La caída de la fecundidad es europea y su causa no está probada». Y de los doce principios rectores, solo la infancia y la vivienda tienen dato propio en la auditoría: decir que los otros diez fallan igual «sería sobreafirmar».

Un señor que dice que es economista. La moneda sin respaldo en oro, dice, es la norma en todo el mundo, y gracias a ella se sale de las crisis. Y el banco central es independiente, y su mandato es mantener los precios estables.

Concedido, y la obra lo concede con la misma fuente: «la rigidez del oro agravó la Gran Depresión, y la obra no propone volver a él». Es la norma en todo el mundo. La versión simple, que un banco privado controla la moneda, no resiste la fuente. Y el Tratado prohíbe de verdad al banco central financiar directamente a los Estados.

Ahora, la respuesta, con su propia ley. El Tratado dice «estabilidad de precios», sin cifra. La cifra la pone el propio banco: una subida del dos por ciento al año. Ya vimos lo que eso significa: el dinero guardado pierde la mitad de su valor cada treinta y cinco años, más o menos. «Que sea la norma en todo el mundo no cambia quién paga la pérdida de valor: quien guardó».

Y el aviso no viene solo de fuera. En 2012, el presidente del banco central alemán recordó el Fausto de Goethe para advertir que, con el tiempo, «toda esta actividad degenera en inflación».

¿Lo que no se sabe? Si esa pérdida de valor la busca alguien a propósito. Ninguna fuente de la obra demuestra una estrategia coordinada para que el dinero pierda valor. El patrón está documentado; la intención, no.

Una mujer que dice que tiene una empresa. Usted aplicó al Estado la regla de la mitad del capital, dice. Pero un Estado no es una empresa: no se liquida, recauda. Y la deuda de las pensiones no vence hoy.

Las dos cosas son ciertas, y la obra las concede. Un Estado no es una empresa, y sigue pagando y obteniendo préstamos. «No está en quiebra legal, y la obra no lo dice». Y las pensiones prometidas no vencen hoy: el propio Instituto Nacional de Estadística dice que son «el valor presente de una suma de cantidades futuras».

Pero la vara era justo esa, se lo dije en el dictamen: medir al Estado con la regla que él aplica a cualquiera. La ley que lo saca del concurso la escribe él mismo, y nadie debe ser juez en su propia causa. ¿Que puede recaudar? Sí. Pero «Su poder tributario no resuelve la deuda: la traslada a quien paga, que es a la vez su acreedor».

Su propio examinador lo dice también. Sobre las cuentas generales de 2024, el Tribunal de Cuentas advirtió que el resultado del presupuesto consolidado estaba «sobrevalorado». Y la obra añade una frase corta: «Publicarlo no es corregirlo».

¿Lo que no se sabe? Si esas pensiones se pagarán. La obra no anuncia un impago. Dice que dependen de quien venga detrás.

Un estudiante de Historia. Lo de los diez casos, dice, no es justo: la India colonial, la Sudáfrica de la segregación, los regímenes comunistas de Europa. Eran colonias o dictaduras. España es una democracia.

La obra concede lo esencial: «los diez casos son constancia histórica, no una ley de la historia, y la comparación con España la hace el autor, no los datos».

Y responde con precisión. No los equipara. Lo que comparten no es el régimen, sino la secuencia: primero se agota la sustancia del poder, y consta por escrito; solo después el pueblo deja de sostenerlo. Y no todos eran colonias o dictaduras. En Inglaterra, el conflicto fue con un rey que pretendía suspender las leyes sin el Parlamento. En Islandia, tras la quiebra de sus tres mayores bancos, dimitió el Gobierno y hubo elecciones: el cambio se hizo por las vías de siempre. Que es, por cierto, el único camino que propone la obra.

Un señor que dice que se ha leído la auditoría entera. De ciento sesenta y nueve artículos se cumplen noventa y tres, dice. El Estado cumple la mayor parte de su Constitución. Y cuando algo se tuerce, se frena a sí mismo.

Concedido, otra vez. La mayor parte se cumple, y la obra lo reconoce. Y el freno existe. El Constitucional anuló en parte la ley de amnistía y avaló una ley que amplió un derecho, el del matrimonio. La auditoría cuenta doce correcciones reales del poder. La obra lo dice sin rodeos: «el sistema todavía se frena a sí mismo alguna vez, y no es un mecanismo vaciado del todo».

Pero el hallazgo no está en el total, sino en dónde cae lo que no se cumple. Ya lo vimos con los dos montones: seis de cada diez artículos que prometen algo al ciudadano, frente a menos de tres de cada diez de los que organizan el poder. Y el freno actúa más de cinco veces más cuando el poder se controla a sí mismo que cuando protege a la gente. «Pero un freno que funciona a veces no cambia la asimetría de conjunto».

¿Por qué pasa? La obra señala un diseño que se repite: «quien debe ser controlado elige a quien lo controla». Y dice también lo que no puede probar: que esos controladores decidan a favor de quien los eligió. Prueba quién los elige, y de qué lado cae el freno.

Una señora de la última fila. Lo legal no siempre fue justo, dice, de acuerdo. Pero fue el propio Estado, con sus leyes, quien abolió la esclavitud. Y hoy las leyes se publican para todos, y gratis.

Las dos cosas son verdad, y la obra lo dice con estas palabras: «Nada de eso es ilegal: por eso el cargo no es de ilegalidad, sino de que lo legal se presenta como justo».

La esclavitud fue legal, y el propio poder lo reconoció al abolirla. Ya vimos que, al abolirla, en Puerto Rico y en el Reino Unido se pagó a los propietarios, no a las víctimas. «Si lo legal de entonces no era justo, lo legal de hoy tampoco prueba por sí solo que lo sea». Por eso la obra no se fía de lo legal: lo audita, artículo por artículo.

Y hay una frase de la obra que resume la asimetría mejor que yo: «La presunción de validez juega a favor del Estado mientras cobra, y la seguridad jurídica, cuando tiene que devolver». Lo vimos con la plusvalía: anulada hacia delante, sin devolver lo cobrado.

En cuanto a la publicación, la obra la concede: es real y gratuita, y no todas las páginas de los boletines son normas. «La obra concede la publicación; lo que discute es que lo publicado se pueda conocer». Y el propio Estado reconoció el problema. En 2009, el Consejo de Ministros acordó crear una comisión para modernizar el lenguaje de la justicia, y su informe dice que los ciudadanos «tienen derecho no sólo a conocer las resoluciones […] sino que también tienen derecho a comprenderlas».

Una abogada, en la fila del centro. Un juicio popular sin garantías, dice, es un linchamiento.

Lo sería, si fuera eso. La obra le contesta con las mismas garantías que ella invoca. La Constitución pide «un proceso público sin dilaciones indebidas y con todas las garantías» y «la presunción de inocencia». El juicio de la obra dice desde el principio que no tiene fuerza legal, y juzga instituciones, nunca a personas con nombre: no hay honor personal en juego. Cada cargo se escribe y se envía a la institución. Su mejor defensa se escribe antes del veredicto, y se le da la última palabra. Y lo no comprobado no entra.

Y concede lo que aguanta: el Estado no está obligado a responder. Pero su silencio también queda registrado.

El último en pedir el micrófono es un señor que no ha abierto la boca en toda la tarde. Sin presumir válidos sus actos, dice, ninguna administración podría funcionar. ¿Qué propone usted, que se vaya a un juez para cada multa?

No. Y la obra le da la razón: «una administración que tuviera que acudir a un juez para cada acto no funcionaría».

Pero escuchen lo que dice a continuación, porque en esa frase se apoya todo lo de esta tarde: «es justo lo que hace de ello una presunción: si el sistema necesita presumir a su favor para funcionar, reconoce que no podría probar cada acto».

Con su propia ley. Cuando la Administración sanciona, la presunción cambia de lado, y es ella la que tiene que probar; aunque, como en la multa por correo del edificio, lo que anota el agente hace prueba mientras no se acredite lo contrario. Fuera de la sanción, el acto se presume válido, y es usted quien tiene que demostrar el error. Y mientras recurre, paga, o asegura antes lo que se le reclama.

Al terminar sus veintiocho cargos, la obra dice qué tienen en común, y con eso les contesto a todos: «Lo que se repite de un cargo a otro es la dirección de la presunción: a favor de quien manda». Y dice también lo que no encaja: en la responsabilidad por daños, la ley pide más al Estado que a los particulares, y el freno entre poderes funciona en casos reales.

El autor da un paso más, y es lectura suya. Que el Estado diga que sin sus presunciones no podría funcionar es, para él, una confesión que indica una dirección. Lo dice con la fórmula que ya conocen: esto apunta hacia el padre de la mentira. Es su lectura de un diseño, no de nadie de esta sala. Y lo dice con sus palabras: «la presunción es el mayor engaño de la humanidad […]: son las grietas por donde se filtró el mal al sistema». Lo contrario de la grieta, para él, es el honor: «el valor más alto de un ser, que está alineado con su palabra, su pensamiento, su acción y su sentir». El sí que es sí.

Y la obra cierra los cargos así: «Veintiocho presunciones, veintiocho preguntas. Si las respuestas llegan, el jurado las juzgará; si no llegan, el silencio también es un fruto».

Quedan manos levantadas, y quedan cargos sin preguntar: la hucha, la urgencia, la representación, el cobro sin juez. La obra los tiene todos, cada uno con su defensa y con lo que concede.

Esta tarde han oído a las dos caras. En el juicio, la última palabra sería de la institución. Esta tarde ha sido de ustedes.

Les dejo una sola pregunta, para el camino de vuelta: de todas las respuestas que han oído, las del Estado y las de la obra, ¿cuál van a comprobar primero?

Muchas gracias. Buenas noches.