Parte 11 El dictamen

Imagínense un taller pequeño. El de un vecino. Un año va mal, y otro, y otro, y las pérdidas se van comiendo lo que los socios pusieron al empezar.

Llega un momento en que la ley no le deja seguir como si nada. Cuando las pérdidas dejan el patrimonio por debajo de la mitad de lo que se puso, la ley dice que la sociedad tiene que disolverse. Son sus palabras: «Por pérdidas que dejen reducido el patrimonio neto a una cantidad inferior a la mitad del capital social».

Esa regla la aplica el Estado a cualquier empresa. Esta parte hace una cosa sencilla: se la aplica al Estado.

Y una advertencia, que la obra hace en voz alta: esta es la parte que más pertenece al autor. Lo dice así: «El dictamen es del autor; los hechos son de todos». Por eso aquí, más que en ninguna otra parte, voy a separar dos cosas: lo que arrojan los datos, y lo que el autor lee en ellos.

La idea de esta parte es esta: medido con la regla que él aplica a cualquier empresa, el sistema estaría en causa de disolución. Y la obra, con el formato de un auditor y sin ningún valor oficial, da su opinión: desfavorable.

Tres pasos: las cuentas; la autoridad, que se mide por lo que hace crecer; y lo que enseña la historia cuando un poder se queda sin sustancia. Al final, el dictamen, lo que anuncia y lo que no.

Primer paso: las cuentas.

La Seguridad Social tiene patrimonio neto negativo desde 2017. No lo dice un crítico: lo dice el Tribunal de Cuentas, en su declaración sobre las cuentas del propio Estado. A finales de 2024, ese patrimonio negativo era de algo más de ciento seis mil millones de euros. Ocho cierres seguidos. Y además debe al Estado, en préstamos, unos ciento veintiséis mil millones.

El conjunto de las administraciones, de 1995 a 2025, gastó más de lo que ingresaba en veintiocho de esos treinta y un años. Solo tres cerraron con más ingresos que gastos: 2005, 2006 y 2007. Lo que vence se paga con deuda nueva.

Una empresa así estaría en causa de disolución. ¿Y por qué al Estado no se le declara en quiebra? Ya lo vimos: porque la ley que él mismo escribe lo excluye del concurso de acreedores. Y nadie debe ser juez en su propia causa.

Esto es lo que arrojan los datos, con las palabras de la obra: con la vara que se aplica a cualquier persona o empresa, este sistema estaría en causa de disolución.

Ahora, la lectura del autor, y es suya. Él lo llama una quiebra camuflada: un sistema que se exime de las reglas que impone a los demás y que funciona como una pirámide, porque paga a los de antes con lo que pide a los que vienen detrás. Y añade, dentro de esa lectura: «El camuflaje no es el secreto, sino la complejidad». Está a la vista de todos. Escondido en cientos de miles de páginas.

Fíjense en las palabras, porque la obra las cuida. No dice que haya una quiebra en sentido legal. Dice que, con la regla de cualquier empresa, habría causa de disolución. Ese es el dato. El nombre, quiebra camuflada, es del autor.

Hay una cuenta más, y es la que más me importa de esta parte. Ya les dije que las pensiones prometidas suman más de seis billones de euros, y que no figuran en la deuda oficial. Lo nuevo es la comparación. En 2021, el año de esa cifra, la deuda oficial era de algo más de un billón cuatrocientos mil millones. La prometida era más de cuatro veces mayor. Es una cuenta de la obra. Y el propio Instituto Nacional de Estadística advierte que no es una deuda que venza hoy: es lo que valen hoy unos pagos que llegarán con los años.

¿Y con qué se paga? El sistema solo cuenta con lo que cobre a esos mismos ciudadanos. El ahorro que se guardó con sus cotizaciones, la hucha, ya se gastó.

Imagínense que alguien les debe dinero. Mucho. Y que, para pagarles, se lo cobra a ustedes.

Eso es lo que concluye la obra con los datos: el sistema debe a los ciudadanos, en pensiones ya prometidas, más de cuatro veces su deuda oficial, y solo puede pagarla cobrando a aquellos a quienes se la debe. El autor lo lee así: el ciudadano es a la vez acreedor y pagador. Es una deuda contraída contra el ciudadano, y es el Estado quien debe compensarle. Cómo, lo veremos al final.

Segundo paso: la autoridad.

La palabra latina es auctoritas (autoridad), y viene de «aumentar». La obra la usa como medida, con una pregunta sencilla: ¿hace crecer este sistema a quienes lo sostienen?

Miren lo que pide hoy por lo mismo. Para tener derecho a pensión, en 1974 bastaban diez años cotizados; desde 1985, quince, como hoy. Para calcularla, en 1985 se miraban los últimos ocho años; desde 2026, unos veinticinco. Y para cobrarla entera, a partir de 2027, treinta y siete años cotizados. Cada vez, más años de vida por lo mismo.

Lo que pasa por las administraciones en impuestos y cotizaciones, frente a toda la economía, ha subido desde 1995. La obra lo traduce a tiempo de trabajo: unas dieciocho jornadas más de cada año. Es una cuenta suya. Y no fue una subida continua: bajó entre 2007 y 2009, y desde entonces ha vuelto a subir.

Y las normas. Ya les conté lo de las tres mil quinientas páginas de boletines oficiales cada día. Un autónomo dedica unas doscientas veintiséis horas al año a trámites, según una asociación del sector.

Aquí la obra encuentra un testigo que nadie esperaría: Hobbes, el que llamó al Estado «Dios mortal» y defendió el poder absoluto. Hobbes dedicó un capítulo a las enfermedades que debilitan al Estado. Una es la falta de dinero. El soberano aguanta cuanto puede y, cuando ya no puede más, dice Hobbes, «lucha con el pueblo con estratagemas de ley para obtener pequeñas sumas».

La obra encuentra dos estratagemas de ley. La primera ya la conocen: el impuesto sobre la renta que sube sin que nadie lo vote, porque no se actualiza con los precios. La segunda: las multas que se presupuestan. La estructura oficial de los presupuestos municipales tiene un apartado propio para las multas de circulación. El Ayuntamiento de Madrid previó para 2024 unos doscientos once millones de euros por esas multas, y terminó el año con más de lo previsto. Un castigo que se presupuesta antes de que nadie cometa la infracción.

Lo que arrojan los datos, con las palabras de la obra: medido con la raíz de su propia palabra, el sistema no cumple. Cada generación necesita más años de vida, más normas y más trámites para obtener lo mismo, y el hueco se cubre con deuda. Y la obra añade algo importante: este diagnóstico no lo firma el autor. Sale de las cuentas y las estadísticas del propio Estado, y de las de la oficina estadística europea y la OCDE.

Y ahora vuelvo a Hobbes, porque escribió algo más, y la obra lo encontró. Hobbes tomó el nombre de su Estado, el Leviatán, del libro de Job, donde se le llama «rey de los soberbios». La portada de su libro, de 1651, cortó el versículo. La Biblia latina lo sigue así: «que fue hecho para no temer a nadie».

Pero el propio Hobbes, al cerrar la parte de su obra dedicada al poder del Estado, escribió de su Leviatán: «pero porque es mortal y está sujeto a la decadencia, como todas las demás criaturas terrenas, y porque hay algo en el cielo, aunque no en la tierra, a lo que debe temer y cuyas leyes debe obedecer».

El defensor del poder absoluto dejó escrito que su Estado es mortal. Y que hay leyes por encima de él.

El autor lee ahí la espada que juzga al Leviatán, y es lectura suya. En la portada, el Leviatán empuña una espada. La que lo juzga es otra: no de hierro, sino la palabra, «más penetrante que toda espada de dos filos», la que «discierne los pensamientos y las intenciones del corazón». Discernir es separar. Para él, la auditoría es el aventador que separa el trigo de la paja: lo que sirve al bien común, de lo que lo daña. Y con la prudencia de la parábola: «cogiendo la cizaña, no arranquéis también con ella el trigo». Se separa caso a caso, con pruebas. Y la siega final, dice, no es nuestra.

Y concluye, como suyo, que este sistema ha llegado a su final: ha perdido su autoridad, porque ya no hace crecer a quienes lo sostienen, y solo se prolonga a costa del tiempo de vida y del futuro de la gente. Hobbes escribió que era mortal; los datos dicen que está enfermo; el autor concluye que ya no tiene motivo para seguir prolongándose tal como es.

Tercer paso: la historia.

Cuando un poder se queda sin sustancia, ¿qué ha pasado otras veces? La obra mira dos cosas.

Primero, las tradiciones que dieron al pueblo un modo de retirar a quien gobierna. Entre los ashanti, cualquiera del pueblo podía iniciar la destitución del jefe. Entre los iroqueses, el título pertenecía a las mujeres, que nombraban al jefe y lo retiraban. Pero la obra pone siempre un matiz al lado: ni unos ni otros, con los mejores mecanismos de corrección de todos los que estudió, pudieron impedir que una potencia de fuera los conquistara o los desplazara. Corregirse por dentro y resistir la fuerza de fuera son dos problemas distintos.

Segundo, lo que pasa cuando ese modo no existe, o ha fallado. La obra reúne diez casos, de 1688 a 2009, en tres continentes, cada uno con su fecha y su fuente. Inglaterra, con un rey que suspendió el Parlamento y acabó huyendo. La India, con la marcha de la sal. Polonia y el sindicato Solidaridad. Alemania del Este, con las manifestaciones de cada lunes en Leipzig y el Muro abierto una noche, ante la multitud. Checoslovaquia. Filipinas. Sudáfrica, con Mandela libre tras veintisiete años y medio de cárcel. Indonesia. Georgia, con la Revolución de las Rosas. E Islandia, donde en una semana de 2008 quebraron sus tres mayores bancos, la gente salió a golpear cacerolas ante el Parlamento y el Gobierno acabó dimitiendo, por las vías ordinarias.

Lo que comparten no es la violencia. Es el orden en que pasan las cosas. Primero se agota la sustancia del poder, su respaldo real y su coherencia con lo que promete, y queda por escrito: un fraude electoral denunciado por observadores, una crisis económica, la represión de una protesta. Y solo después el pueblo, sin que nadie se lo ordene, deja de sostenerlo con su obediencia. En varios, sin armas: la sal, las rosas, las cacerolas. No todos sin represión. Y ninguno de un día para otro: semanas, meses o años.

¿Se acuerdan de la estatua, cuando auditamos la Constitución? La forma que sigue en pie aunque ya no quede nada dentro. La obra lo cierra así: la forma puede seguir en pie mucho tiempo después de haberse vaciado, pero no para siempre.

El autor lo lee así, y es suyo: el poder vive de la creencia de quienes lo sostienen. Cuando su sustancia se agota y se ve, la creencia se retira sola. En España, él ve la primera parte de esa secuencia: la forma que se ha quedado sin sustancia. Y lo que quiere es que la segunda no sea una retirada a ciegas, sino la constancia escrita de lo que falta, el juicio de la verdad y la reforma por la puerta que la propia Constitución dejó abierta.

Y escuchen bien lo que la obra hace con estos diez casos. No los propone. No son un manual. Son información histórica que cada uno puede comprobar. La obra no exime a nadie de ninguna obligación, y lo que retira no es la obediencia: es la creencia sin comprobar.

Ahora sí, el dictamen.

La ley de auditoría dice que la opinión de un auditor sobre unas cuentas «podrá revestir cuatro modalidades: favorable, con salvedades, desfavorable o denegada». La obra usa ese formato para que su conclusión se entienda con palabras conocidas. No para darle un valor oficial que no tiene: no es un auditor inscrito. Y fíjense en la palabra que elige. Lo llama dictamen, la opinión de quien ha revisado las cuentas. No lo llama veredicto: esa palabra la guarda para lo que decida un jurado, el del juicio popular, que veremos más adelante. Parece un detalle. No lo es: la obra cuida que cada palabra diga solo lo que puede sostener.

Y dice así. El dictamen de esta obra sobre el sistema es: opinión desfavorable. Sus cuentas no ofrecen la imagen fiel de lo que debe a los ciudadanos, y existe una incertidumbre material sobre su capacidad para continuar tal como es.

¿Dónde está la piedra de todo el dictamen? En lo que vimos en el edificio de las presunciones: el pueblo no consintió. Nació dentro, y lo aceptó sin saberlo. Y lo que se sostiene solo en presunciones se disuelve cuando se pide la prueba.

Lo que anuncia, y lo que no. El autor anuncia el cierre de esta forma de gobierno. No de la comunidad. No del orden. No de la ley. De un sistema que ha agotado su autoridad. Y el camino no es el vacío: es el método de la obra, la petición documentada, la metamorfosis del Estado a la que invita, y la puerta que dejó abierta la propia Constitución, la revisión total del artículo 168, la de los dos tercios y el referéndum, que les conté en el edificio. Este dictamen no exime a nadie de sus obligaciones vigentes. Es el diagnóstico que funda la reforma. No es una orden de desobediencia.

Queda la pregunta de antes: si el Estado debe compensar al ciudadano, ¿cómo? Aquí el autor hace una propuesta, y la dice como suya. La compensación no puede pagarse con más deuda contra el mismo ciudadano. Tiene que salir de quien se ha enriquecido con este sistema, y por este orden. Primero, una auditoría pública y verificable de quién se ha beneficiado y cómo. Segundo, la responsabilidad de cada persona, probada caso a caso y con derecho de defensa, porque, como dijo el tribunal de Núremberg, «los crímenes contra el derecho internacional los cometen hombres, no entidades abstractas». Tercero, la devolución de lo obtenido ilícitamente, esté en manos de quien esté. Y por último, nunca por apellido ni por parentesco: «el hijo no llevará por el pecado del padre». Los hijos no pagan por sus padres; tampoco conservan lo que sus padres no podían dejarles. Y a cada responsable se le deja lo mínimo para vivir, que la ley ya protege.

Y la obra le pone a esa propuesta sus límites, en voz alta. Nadie puede ser condenado por lo que no era delito cuando lo hizo: lo dice la Constitución. Para quitar bienes por la vía que propone, el Código Penal exige una condena. Y el tribunal de Núremberg habló de la guerra de agresión contra tratados, no de la gestión de un Estado. Lo que el autor propone para lo que fue legal cuando se hizo exigiría cambiar la ley, por las puertas que veremos. Y mientras tanto, no autoriza a nadie a tomarse la justicia por su mano.

Ahora, la otra cara. ¿Qué concede la obra en esta parte?

Concede lo primero de todo: un Estado no es una empresa. Tiene poder para cobrar impuestos y no desaparece como una sociedad. La vara de la empresa es una comparación elegida a propósito: medir al sistema con la regla que él aplica a los demás. Lo que prueban los datos es la causa de disolución con esa regla, no una quiebra en sentido legal. El Estado sigue pagando y sigue obteniendo préstamos.

Concede que su dictamen no tiene valor oficial. Que la deuda de pensiones no vence hoy, y que compararla con la deuda oficial es una cuenta suya. Y que el Estado cumple la mayor parte de su Constitución, noventa y tres de sus ciento sesenta y nueve artículos: el hallazgo no es la cifra total, sino dónde cae el incumplimiento.

Concede que hay frutos que se reconocen: la sanidad universal, una pensión que la OCDE calcula en algo más del ochenta por ciento del salario, una esperanza de vida de ochenta y cuatro años. Que parte del aumento del gasto se explica porque se vive más: a los sesenta y cinco años, la esperanza de vida ha pasado de casi dieciséis años en 1978 a casi veintidós en 2024. Y que antes se pagaba menos, pero el Estado daba mucho menos y no había libertades.

Concede que los diez casos los eligió el autor. Que son constancia histórica, no una ley de la historia. Que no estudió los casos en que el pueblo dejó de obedecer y el poder no cayó, ni lo que vino después en cada país. Que la comparación con España la hace el autor, no los datos. Y que descartó un caso, el de los aztecas, porque no se halló ningún modo de destituir a su gobernante.

La defensa del Estado, que un Estado no es una empresa, que un dinero sin respaldo material es la norma en todo el mundo, que anunciar el cierre de una forma de gobierno invita a desobedecer, y que comparar a España con colonias o dictaduras no es legítimo, la oirán en el turno de preguntas, con sus mejores palabras.

Recapitulo. Con la regla que él aplica a cualquier empresa, el sistema estaría en causa de disolución, y su propia ley lo excluye del concurso. Debe a los ciudadanos más de cuatro veces su deuda oficial, y solo puede pagarles cobrándoles a ellos. Pide más años de vida, más normas y más trámites por lo mismo. El propio Hobbes escribió que su Estado es mortal y que hay leyes por encima de él. Y la historia enseña que, cuando la forma se queda sin sustancia, el pueblo acaba por dejar de sostenerla. El dictamen de la obra, sin valor oficial, es: opinión desfavorable. Anuncia el cierre de una forma de gobierno, no de la ley. Y no exime a nadie de nada. Y lo que el autor dice que aquí hay que podar, como lectura suya: la quiebra camuflada: la regla que el sistema aplica a cualquier empresa y no se aplica a sí mismo, la complejidad que la tapa y el hueco que se cubre con deuda contra el ciudadano.

Les dejo una pregunta. Piensen en la regla con la que se mide a cualquier empresa, a cualquier familia que pide un préstamo, a cualquier autónomo. ¿Hay alguna razón para medir con otra a quien la escribe?

En la próxima parte, las puertas. Si la forma se ha quedado sin sustancia, ¿qué hace uno, un martes cualquiera, con un papel en la mano? La obra no responde con la calle. Responde con papel: la constancia escrita, la pregunta por escrito y el silencio que, como les prometí, vuelve entero.